El alcalde de San Sebastián, Javier Jimenez Perez, puso en tela de juicio la existencia de una emergencia fiscal real que le permitiera al gobernador de Puerto Rico poner en funcionamiento la recien firmada Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera.

Jiménez Pérez cuestionó la movida del gobernador Alejandro García Padilla de declarar una emergencia fiscal sin presentar documentos que muestren la veracidad de la insolvencia.

‘La Ley de Moratoria se establece por una llamada emergencia fiscal. Pero, se implementa una orden de emergencia cuando el Gobierno no tiene ni un estado auditado del 2014? Cuando no existe un solo documento con suficiente credibilidad para decir que hay una emergencia? Eso me recuerda cuando el presidente (de EE.UU., George W.)Bush hizo el caso contra Iraq que decía que había armas de destrucción masiva y todavía no se ha conseguido ninguna, así me parece esta ley’, indicó Jiménez Pérez.

‘Dónde están los estados financieros que certifican que hay una emergencia fiscal? Según la página del Departamento de Hacienda, los recaudos del Gobierno de Puerto Rico hasta marzo 31 de 2016, cuando lo compara con el año pasado tiene, $269 millones más que el presupuesto del 2015. Entonces, si no le están pagando a los suplidores, si en conjunto el presupuesto del Gobierno tiene $269 millones más, por qué la insuficiencia de flujo de efectivo si el presupuesto contempla el pago de la deuda y de estos gastos?’, cuestionó el también contador público autorizado.

Sus expresiones surgieron durante el almuerzo anual ofrecido el miércoles por la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico donde se ofreció una discusión sobre las repercusiones que tiene la declaración de insolvencia del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

El Primer Ejecutivo municipal explicó que las principales fuentes de ingresos de los municipios se divide en un 50% de las contribuciones sobre propiedades muebles e inmuebles, un 9% del Impuesto de Ventas y Uso (IVU)municipal, otro 7% de un impuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) -que no es un subsidio- un 21% de patentes municipales y el 13% es de otras fuentes. Sin embargo, las contribuciones sobre propiedades y el IVU municipal, están en manos del BGF.

‘El 59% de todos nuestros ingresos pasa por el BGF y el 100% de nuestro financiamiento es a través del BGF porque ningún municipio puede tomar prestado si no es a través del BGF. Cuál fue la consecuencia de la declaración de la moratoria? Que todos nuestros fondos están congelados. Otros fondos que tenemos en el BGF, de obras permanentes, también los congelo’, indicó.

‘Los municipios no tenemos problemas de repago porque 36% de nuestros ingresos van destinados por ley para el pago de la deuda. Más aún, el BGF nos exige que tengamos una cuenta de reserva con un año de pago por adelantado de principal e intereses, quiere decir que nosotros no tenemos problema con esa deuda. Hay que ver a qué se debe la falta de liquidez del BGF’, añadió.

Jiménez Pérez aseguró que el impago impulsado por la Ley de Moratoria está teniendo un efecto negativo en suplidores, subcontratistas, obras en construcción y necesidad de infraestructura en todos los municipios de la Isla. El Primer Ejecutivo municipal aseguró que la incertidumbre es la peor de las consecuencias de la crisis fiscal por la que atraviesa el País.

‘Hoy más que nunca Puerto Rico vive en una incertidumbre total y el primer problema que tenemos es la incertidumbre y la falta de credibilidad. Sentimos que no tenemos control de nuestro futuro, que estamos en una caída libre y las únicas alternativas que nos han planteado es el no pagar, el no hacer nada y esperar que venga el gobierno americano a salvarnos. Hay muchos buenos políticos y hay muchos malos políticos. Hay muchos buenos políticos con iniciativa, ahora, lo malo son los malos políticos con iniciativa que hacen leyes como la Ley de Moratoria’, sentenció.