Luego de que esta madrugada el Senado de Puerto Rico aprobara el proyecto número 1591 que pretende crear la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico para disponer la declaración de un estado de emergencia fiscal por la Asamblea Legislativa, un grupo de cooperativistas hizo acto de presencia en la mañana de hoy, martes, en el hemiciclo cameral para exigir enmiendas al proyecto.

El presidente de la Junta del Banco Cooperativo, Rubén Morales, en compañía del presidente de la Liga Cooperativista, William Ortiz , el asesor del Banco Cooperativo, José Sosa Lloréns , y el presidente de la Cooperativa Manuel Zeno Gandía, Efraín Domenech , trajeron sugerencias para mejorar el lenguaje del proyecto.

‘Estamos aquí en representación de sobre un millón de puertorriqueños y hemos acudido a la Cámara para presentar de manera inmediata algún tipo de enmienda sobre el proyecto que aprobó el Senado en la madrugada de hoy’, explicó el portavoz.

‘Hay algunas áreas con las que estamos de acuerdo, que son efectivas y necesarias, pero hay un componente importantísimo que afecta a las cooperativas y cooperativistas de Puerto Rico’, añadió.

Por su parte, Ortiz indicó que el movimiento cooperativista de Puerto Rico exige que se les de trato preferencial frente a los pagos de los bonos de obligación general.

‘El movimiento cooperativo ha dicho siempre presente para Puerto Rico y de esa misma manera compramos bonos a dólar pero entendemos que debemos recibir trato igual de pago de bonos. Nos coge por sorpresa y ahora nos encontramos con un proyecto que no nos hace justicia’, indicó.

‘El movimiento esta sólido y no vamos a tener una debacle porque no se enmiende el proyecto. Nosotros entendemos que dentro de la prelación del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), nosotros debemos estar en primera fila cuando haya una dificultad con los pagos a todos los demás. En estos momentos no nos protege, queremos estar en un lugar preferencial’, añadió a la vez que indicó que el proyecto según aprobado por el Senado, afectaría de forma sistemática a todo lo que tiene que ver con la producción en el País.

No obstante, el licenciado Sosa Lloréns aclaró que no se trata de exigir trato preferencial sino de la manera en que el proyecto visualiza al BGF.

‘El problema no es uno de preferencia. El proyecto trata al BGF como un banco común y corriente. Las prelaciones que están en el proyecto son las mismas que aplicarían en un banco comercial. El BGF es un banco muy especial tiene conexión con la economía, más allá del Gobierno. Activa lo que se conoce como riesgo sistémico’, explicó Sosa Lloréns.

‘En el 2008, en la crisis financiera de Estados Unidos, se reconoció que eso ameritaba atención especial. En la ley Dodd Frank del 2010, se incorporó ese concepto. Nuestras enmiendas lo que piden es que se incluya ese concepto y que se reconozca que a la hora de tratar al BGF en una sindicatura, que ese factor de riesgo sistémico se considere’, añadió.

Sosa Lloréns aseguró que la conexión principal que tiene el BGF con el sistema financiero del País es a través de las cooperativas, que son instituciones depositarias.

‘Es reconocido universalmente, no solo en Estados Unidos, sino en Europa, en todo sistema de supervisión financiera la primacía de las instituciones depositarias es reconocida. En este proyecto se olvidaron de ese detalle. Lo que estamos sugiriendo es que esto se reconozca con lenguaje que se inspire en lo que el Congreso de los Estados Unidos aprobó en 2010 reconociendo que cuando hay riesgo sistémico hay que tomar medidas especiales’, sostuvo.