La Asociación de Comercio al Detal (ACDET) y la Asociación Productos de Puerto Rico (APPR) respaldaron la decisión del juez federal Jose A. Fuste que declaró inconstitucional la Ley 72 que pretendió cobrar un impuesto por las transferencias entre corporaciones matrices y sus filiales.

'Desde que se comenzó a discutir un primer intento de reforma contributiva en el 2015 advertimos al gobierno que las medidas que se estaban discutiendo en la Legislatura para aumentar los impuestos a algunas compañías del sector de la industria al detal serían detrimentales para la economía local. Nuestro llamado fue a que la reforma contributiva o medidas legislativas resultantes fueran justas para todos. Obligar un aumento al impuesto de ‘transfer pricing' y basar el mismo en la venta y no en la ganancia es confiscatorio y discriminatorio ya que apuntaba a muy pocas o una sola empresa en la Isla. La determinación del juez Fusté validó nuestra postura y dejó sin efecto un impuesto que atentaba contra la estabilidad de muchas tiendas en Puerto Rico. Nuestra economía no aguanta un impuesto más', acotó la asesora de la dirección de ACDET, Lymaris Otero.

'La prohibición de un impuesto desproporcional a empresas dentro del comercio interestatal existe desde hace dos siglos. Entendemos que la decisión del juez federal José A. Fusté, en el caso de Walmart Puerto Rico versus el Secretario de Hacienda, está bien fundamentada en Derecho', indicó, por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de la APPR, Marilú Otero.

El directorio de la ACDET exhortó a la ciudadanía y los diversos sectores empresariales a alejar esta discusión de matices y discursos políticos y que vean esta determinación de manera objetiva. 'La decisión del juez ha salvado empleos, ha hecho justicia a un sector que aporta significativamente a la a la economía del país con más de 50,000 empleos y sobre $500 millones en pagos de impuesto y patentes, evitó más aumentos en precios a los consumidores, quienes ya tienen su bolsillo golpeado de tanto impuesto. Y más importante aún, evitó un golpe al ecosistema que se nutre de las operaciones de estas cadenas de tiendas en Puerto Rico, desde suplidores, agricultores, distribuidores, proveedores de servicios todos locales y empleos directos e indirectos.

ACDET señaló 'lo peligroso que es para la economía del país que el gobierno siga añadiendo nuevos impuestos con la justificación de la crisis fiscal, como lo fue el caso de la patente nacional, que operaba como un impuesto sobre las ventas brutas y su efecto fue nefasto'.

Mientras, la portavoz de la APPR coincidió en que 'El Estado en vez de aumentar y crear más impuestos, debe estar ideando, creando y diseñando herramientas para el desarrollo económico del País, específicamente para estimular el sector de exportación, del cual las megatiendas como Walmart son parte. Lo que se tiene que hacer es buscar incentivar la compra de los productos y servicios hechos en Puerto Rico por parte del comercio al detal, tanto local como extranjero'.

La APPR estará presentando los hallazgos del estudio económico 'Análisis de la Producción Local y el Gasto de Productos de Puerto Rico', realizado por el doctor Juan Lara de Advantage Business Consulting.

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