El presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR), Ralph A. Kreil Rivera, hizo un llamado al gobernador y la Legislatura para que detengan la impacción de un Impuesto de Valor Añadido de 10.5% a los servicios profesionales y de negocio a negocio, que entrará en vigor el próximo 1ro. de abril.

Según explicó este aumento tendrá el efecto de deteriorar la ya maltrecha economía de la Isla y provocar que continúe el éxodo de ingenieros y agrimensores, entre otros profesionales.

El previsto aumento es una de las disposiciones contenidas en la Ley 72 del 29 de mayo de 2015 y que enmendó el Código de Rentas Internas de Puerto Rico para atraer más recaudos al gobierno. El pasado año el CIAPR anticipó los efectos adversos que tendría para el País y muy en particular para los profesionales que representa, la imposición del IVU a los servicios. De acuerdo al Ing. Kreil, el panorama es más desalentador de cara al cambio a el IVA de 10.5 que se avecina.

‘Nuestro llamado es a que el gobernador y los legisladores reconsideren esta medida y realicen las enmiendas necesarias, a fin de evitar daños mayores a la economía del País. Desde que se impuso un IVU a los servicios profesionales y de negocio a negocio, hemos visto el impacto a nuestros colegiados. Un aumento al impuesto significa que se seguirá encareciendo el desarrollo de proyectos, el inminente cierre de empresas que ofrecen servicios consultivos de ingeniería y agrimensura, y el aumento en la cantidad de profesionales -sobre todo jóvenes- que abandonan la Isla’, expresó.

La caída de la industria de la construcción durante los últimos años se evidencia con los datos ofrecidos por la Junta de Planificación, que establece los índices de venta de cemento al mismo nivel que los del año 1953.

Kreil enfatizó además los riesgos a la seguridad, pues el encarecimiento fomenta la construcción informal en la Isla. Esto significa que muchos ciudadanos no utilizan los profesionales licenciados y facultados por el gobierno para los servicios relacionados a la práctica de la ingeniería y la agrimensura, en violación de los reglamentos y leyes.

‘Nuestros profesionales no aguantan una carga más. Es tiempo de identificar otras opciones para resolver la situación de la deuda del Puerto Rico, que su vez fomenten el desarrollo de empresas y la creación de empleos’, concluyó Kreil.