Las instituciones hipotecarias presuntamente mantienen un esquema para imposibilitar la negociación con el acreedor hipotecario para que pueda salvar su hogar, según el testimonio de la directora ejecutiva de la corporación privada sin fines de lucro Servicios Legales de Puerto Rico (SLPR), Hadassa Santini Colberg, durante la vista pública que la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes realizó para analizar la creación de la Ley de Ayuda al Deudor Hipotecario.

Verdaderas historias de terror se repiten 'una y otra vez' en las oficinas de la SLPR. 'Esto más parece un esquema que han establecido los bancos para violar las disposiciones legales en contra del dual tracking (estrategia doble). Los relatos que se hacen los mismos jueces que trabajan con estas ejecuciones son alarmantes. Muchas personas llegan al Tribunal sin representación legal porque no tienen los medios para buscarla y ya han firmado documentos en el banco renunciando a sus derechos sin saberlo. Los mismos jueces nos han mostrado su preocupación con la situación', aseguró Santini Colberg.

La Ley de Ayuda al Deudor busca proteger al acreedor de un préstamo hipotecario en mora para que antes de iniciar cualquier proceso legal que pueda culminar en una demanda de ejecución hipotecaria se le ofrezca la alternativa de recurrir a los programas bancarios de mitigación de daños (Loss Mitigation).

'Entendemos que esta ley es un acto de justicia que viene a atender el problema existente que sabemos se va a agravar con la situación económica del País, así que de alguna manera hay que detener el abuso que tienen las instituciones bancarias con los clientes de préstamos hipotecarios', añadió Santini Colberg.

Para el vicepresidente de la Comisión, representante César Hernández Montañez, la cantidad de casos donde los ciudadanos con préstamos hipotecarios que van a solicitar ayuda a los programas de mitigación de daños de los bancos y que no son asesorados correctamente para beneficiar a la institución bancaria, son inaceptables.

'Con esta ley lo que queremos es que cuando usted esté en el proceso de loss mitigation, sea un proceso justo. Hay mucha resistencia de los bancos pero nosotros no nos vamos a amilanar en este proceso. La cantidad de llamadas y mensajes que recibimos en la Comisión para atender el problema es realmente preocupante y demuestra que sí existe un problema de dual tracking', aseguró el Representante.

'Los bancos ahora mismo no tienen oficinas de loss mitigation en Mayagüez, Cabo Rojo, Hatillo, Ponce… y ellos pueden emplazar a un cliente hipotecario por teléfono pero el cliente no puede empezar el proceso de loss mitigation de igual forma. Esto nos parece inaceptable', añadió.

Por su parte, el comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), licenciado Rafael Blanco –cuya función es velar por la solidez y solvencia financiera de los bancos-, aseguró que aunque ha escuchado de este tipo de práctica por parte de los bancos no le consta de primera mano que esté sucediendo.

'Yo no tengo problema con el proyecto para resolver la situación, pero creo que se le debe dar más formalidad en el proceso para pedir el loss mitigation. Sugiero que la solicitud sea formal, por escrito y con la documentación adecuada. Con una notificación verbal, por teléfono, me parece que no habría evidencia', indicó.

'Lo que me preocupa es que esta ley sea mal utilizada al ser un proceso que comience con una mera acción verbal. Esta ley se debe ajustar a lo que ya es la regulación federal. Paralizar un proceso del banco con una llamada telefónica me parece inaceptable. Entiendo que el propósito de la medida es loable porque tenemos una tragedia social pero ya existe una regulación federal que atiendo este problema. Si se va a legislar tiene que ser acorde con la regulación federal', añadió.

Blanco aseguró que la regulación federal está funcionando ya que, a pesar de que existe una cantidad significativa de ejecuciones –unas 4,000 al año- se salvan anualmente 10,000 residencias.

No obstante, y aunque el vicepresidente de la Comisión le urgió hacerlo, Blanco dijo no poder quedarse en sala a escuchar los testimonios de varios ciudadanos afectados por el llamado double tracking.

Se calcula que en los últimos cinco años más de 25,000 familias han perdido sus hogares en la Isla y que aún existen 20,000 familias que acumulan retrasos de tres meses en el pago de sus hipotecas, por lo que están en peligro de que sus viviendas pasen a manos de los bancos.