Un proyecto que busca que los bancos se encarguen de mantener en buen estado las viviendas reposeídas para evitar que se formen criaderos de mosquitos fue sometido en el Senado de Puerto Rico por el legislador Ángel ‘Chayanne’ Martínez.

‘El propósito específico de esta medida es que las residencias desocupadas en poder de los bancos y las casas hipotecarias reciban mantenimiento preventivo y constante en sus áreas verdes, techos y piscinas. Es deber de estas instituciones dar el mantenimiento adecuado en sus áreas de patio y el techo; en fin en toda la propiedad. De esta forma los bancos aportan a su responsabilidad social, para evitar brotes mayores a los actuales, de enfermedades transmitidas por causa de las picadas de mosquitos que se desarrollan en áreas donde se estanca el agua’, manifestó el Senador por el Distrito de Arecibo.

La iniciativa del también portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista en la Comisión de Salud del Senado surge luego que desde finales del año pasado Puerto Rico estuviera bajo el peligro inminente de una epidemia del virus del Zika, transmitido por la picada de mosquitos.

‘El evitar los criaderos de mosquitos en Puerto Rico es un asunto de primordial interés público. Debe ser responsabilidad de todas y todos los dueños de residencias asegurarse que sus propiedades sean ‘zonas libres de mosquitos’. No obstante, debido a la actual crisis económica las propiedades reposeídas por los bancos van en constante aumento. Cuando las viviendas o propiedades son ejecutadas, muchas veces quedan abandonadas por meses o años y las mismas quedan a merced de la naturaleza’, agregó Martinez Santiago.

‘Al sol de hoy, nadie nos puede decir a nosotros quién va a ser el responsable de esas residencias desocupadas. Esta medida busca evitar el problema que tenemos ahora, que existe más de 3,000 propiedades de los bancos a las que no se le da mantenimiento’, explicó el líder estadista.

La iniciativa del senador novoprogresista faculta al Comisionado de Instituciones Financieras, al Departamento de Salud y al Departamento de Asuntos del Consumidor a establecer todas las reglas y reglamentos que sean necesarias para cumplir con los propósitos de la nueva ley.

Cualquier persona, natural o jurídica, que violare las disposiciones establecida en el proyecto, podrá ser castigada con pena de multa, la cual no excederá los $5,000 por cada infracción.

La semana pasada, el representante Ángel ‘Gary’ Rodríguez Miranda abogó por la aprobación de una medida de su autoría que brindaría al Departamento de Salud la facultad de entrar a cualquier lugar para examinar las condiciones sanitarias en las que se encuentre una piscina que pudiera constituir un problema de salud pública.