Avería de Evertec protagoniza vista legislativa
La avería que sufrió la empresa Evertec el pasado 9 de enero, cuando gran parte de los comercios de Puerto Rico se quedaron sin procesamiento de tarjetas de credito y debito, desató una crisis que pudo haberse suavizado si estos servicios no se concentraran en una sola compañía.
'Aunque sí se afectó un número grande de comerciantes y tarjetahabientes, no fue porque Evertec sea el único procesador en Puerto Rico, sino por la concentración grande de bancos y cooperativas que contratan servicios de emisión y adquiriencia con Evertec', opinó el presidente de PayTech Corporation, Cándido Alfonso.
Paytech es una compañía cien por ciento puertorriqueña, fundada en el 2004, que también ofrece servicios de transacciones electrónicas. Actualmente abarca más de dos mil comercios en la Isla, ocupando así la tercera posición entre las empresas de su tipo. Su presidente aseguró que el día de la avería, sus comercios se mantuvieron en funcionamiento, aunque no podían aceptar tarjetas de débito con PIN o firma, cuya autorización requiere de la plataforma de Evertec.
Eso explicó en su ponencia ante la Comisión de Relaciones Laborales, Asuntos del Consumidor y Creación de Empleos, a la que a raíz de la avería, el Senado le encomendó 'realizar una investigación exhaustiva sobre el sistema de procesamiento de transacciones electrónicas comerciales ofrecidos por la empresa EVERTEC, a la seguridad del procesamientode datos, las tarifas impuestas a sus clientes y el procesamiento de pagos a través de tarjetas de crédito y débito en Puerto Rico'.
No obstante, ante preguntas del presidente de la Comisión, Luis Daniel Rivera Filomeno, sobre si existe un monopolio de esta empresa en Puerto Rico, o al menos si son o no justas las reglas de juego para la competencia, el presidente de PayTech manifestó sentirse cómodo con la libre competencia y el continuo crecimiento de su compañía, descartando responder sobre asuntos monopolísticos.
Aun así, indicó que deberían revisarse algunas medidas que los ponen en desventaja, como es el caso del Ivu Loto, controlado por la competencia, a quienes PayTech debe compartirle información privilegiada para no recurrir a un proceso paralelo mediante la utilización de equipos que entorpecen la labor de sus clientes, los comerciantes.
Sin embargo, el problema del alegado monopolio también lo ha traído el Centro Unido de Detallistas (CUD), que comparecerá el miércoles ante la Comisión, el cual en varias ocasiones se ha manifestado en contra de que se obligue a todos los comercios de Puerto Rico a contar con un sistema de transacciones electrónicas debido a los altos costos de cada transacción, que pueden ser onerosos para pequeños comerciantes que hasta el momento solo aceptan efectivo.
A juicio del presidente del CUD, Rubén Piñero, la razón de los altos costos es precisamente el dominio de una empresa en la banda electrónica comercial de la Isla, y que se debe abrir más a la competencia, por lo que también abogó Alfonso, resaltando su empresa local, que también paga impuestos, crea empleos y exporta sus servicios.
No obstante, según el presidente de PayTech, los costos fijos por transacción son impuestos por las propias marcas, y a su juicio, estos son bastante competitivos en el mercado y han sido regulados por agencias federales, lo cual sirve como argumento a favor al proyecto de ley 1447, de la autoría de Rivera Filomeno, que intenta convertir en ley que todo consumidor tenga derecho a al menos dos formas de pago en todos los comercios de la Isla.
La avería de aquella tarde de sábado provocó el caos en restaurantes, tiendas, negocios y hasta carriles de AutoExpreso en toda la Isla por una avería de Evertec que duraría unas cinco horas. Las tarjetas, los terminales de puntos de venta, los cajeros automáticos, todos cayeron y el país paralizó la mayoría de sus transacciones comerciales electrónicas cada vez más cotidianas. Solo podían cobrar en efectivo, lo cual afectó el flujo comercial.
Ante el miedo de los consumidores y comerciantes de que la avería hubiese provocado riesgos en la seguridad de las cuentas y de la información, el portavoz de PayTech aclaró que las compañías de su tipo cargan con un alta responsabilidad por el manejo de información sensible y privilegiada, por lo que tienen una obligación legal de notificar enseguida 'si hay un ápice de duda de que pueda haber problemas de seguridad'.
Aun así, el senador Rivera Filomeno destacó la 'crisis social' que se desató – 'El desconocimiento abre la puerta a la especulación amplia', dijo – intensificado por la falta de información provista por Evertec y los bancos, que un día después se limitó a expresar que ya el sistema estaban funcionando sin ofrecer detalles adicionales, para emitir un comunicado solo después de que el Senado aprobara el inicio de una investigación.
En el caso de Evertec, en su comparescencia ante el Senado, aseguraron que inmediatamente se comunicaron con sus clientes, que en su caso son los bancos, para notificar la avería, información que aparentemente se quedó en el banco y no llegó a los clientes.
Por su parte, la dinámica de PayTech permite una relación más estrecha, ya que sus clientes son los mismos comerciantes o cooperativas que les permiten entablar una comunicación directa con los comerciantes que se sirven de ellas, cualquier notificación de avería hubiese sido avisada de inmediato a la población.
'En el caso nuestro, trabajamos directamente con el comerciante, no trabajamos emisión de tarjeta, por ende, nuestra comunicación es directamente con el comerciante para que sepa por qué la máquina podría no estar funcionando. La aglomeración de servicios en un proveedor es complicada, por no decir peligrosa', expresó Alfonso.
En un aparte con NotiCel, Rivera Filomeno adelantó que el miércoles en la vista pública a la que comparescerá, entre otros, la Asociación de Bancos, evaluará si se debe establecer un protocolo adicional para que el banco comunique inmediante a sus clientes – comerciantes y tarjetahabientes – cualquier incidente con el sistema de transacciones electrónicas.
A su vez, consultará con el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) si la responsabilidad social de dichas empresas puede ser un argumento lo bastante sólido como para exigir que, independientemente de que comuniquen a sus clientes cualquier problema con el sistema, también se establezca una comunicación oficial y público para que el país esté enterado del suceso.