La Unión de Trabajadores de la Industria Electrica y Riego (UTIER) denunció el miercoles la estrategia que ha asumido la administración de la Autoridad de Energía Electrica (AEE) por aprobar la Ley de Revitalización de la AEE, lo que llamó una 'campaña de terror y chantaje'.

Durante los pasados días, tanto la oficial de reestructuración de la AEE, Lisa Donahue, como el director ejecutivo de dicha corporación pública Javier Quintana Méndez, han asegurado al país que se podrían enfrentar apagones selectivos de no aprobarse el proyecto de ley que actualmente descansa en el Senado con enmiendas y se pretende aprobar el 12 de febrero.

El presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, acusó a ambos de aterorrizar al país con una 'vil mentira', ya que 'no tienen la obligación' de privilegiar el pago a los bonistas. Para defender su postura, se remitió al Acuerdo de Fideicomiso de 1974 que rige la Autoridad, el cual establece como prioridad de la AEE mantener sus servicios en pleno funcionamiento, cumpliendo gastos operacionales de nómina y de compra de combustible, antes que cualquier pago de deuda.

Figueroa Jaramillo manifestó que lo que el proyecto de ley pretende aprobar es un cambio en el orden de las prioridades, garantizando así primero el pago a los bonistas y luego, los gastos operacionales. Esto, aseguró el líder sindical, resultaría en un aumento sostenido en la tarifa destinado a los bonistas, 'que en nada beneficia al país', através de la imposición de cargos adicionales en la factura similar a los cargos por morosidad.

'Dirán que hay que aumentar la tarifa porque no hay chavos para operar, cuando la realidad es que hay que aumentarla para pagarle a los bonistas', sentenció.

El proyecto de ley surge de un acuerdo al que ha llegado la AEE con el grupo Ad Hoc de los Bonistas, el cual ha nutrido al país de 'medias verdades', según el portavoz de la UTIER. Por ejemplo, el acuerdo establece que el aumento en la tarifa será de 8 centavos.

'Pero la segunda parte que no le informan al pueblo de Puerto Rico es que una vez pase el acuerdo de indulgencia que dura cinco años, de dónde pretenden sacar el dinero para completar el pago?… los consumidores vamos a pagar más', dijo.

Figueroa Jaramillo aseguró que este proyecto no se trata de una reestructuración del sistema eléctrico sino 'un cambio en el modelo de negocios de los bonistas'. Por lo tanto, hizo un llamado a que se llevara a cabo un verdadero proceso de reestructuración y auditoría de la deuda, que permita reducir más del 15% que acordaron los bonistas.

Para ello, se amparó en un estudio realizado por la Universidad de Harvard acerca del promedio de procesos de reestructuración en Estados Unidos, que determinó que las deudas privadas y públicas se han reducido en un 40 a 50%.

Por último, criticó el gasto de $100 millones que ha sumado todo el proceso, entre contratios abogados, bufetes y demás asesoría.

En cuanto a las amenazas que durante meses se han hecho sobre una posible privatización, Figueroa Jaramillo aseguró que los intereses de los bonistas están puestos en recibir la triple exención que le ofrece recibir los pagos de una corporación pública y no de la banca privada, sobre la que tendría que tributar.

Como posibles soluciones a la crisis fiscal de la AEE, la UTIER propuso, aparte de una verdadera auditoría de la deuda, la búsqueda de mecanismos de autofinanciamiento que permita salir del endeudamiento con los bonistas, así como una mayor producción de energía renovable.

Los representantes de la UTIER negaron haber tenido acceso a las enmiendas que hasta ahora ha sometido la Legislatura, por lo que descartó haber dado el aval al proyecto con enmiendas. Por lo tanto, sostuvieron su voto en contra de la medida y reclamó a pasados funcionarios de la AEE 'que han guardado silencio' a que saquen la cara y expresen los aspectos negativos de la ley.

'Deben decirle a nuestro pueblo cómo nos perjudica esta ley y cómo atenta contra la propia Autoridad', insistió.