Primero tildó de perdedores a quienes critican los esfuerzos de atraer multimillonarios a Puerto Rico con la esperanza de que inviertan en el país. Ahora, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Alberto Bacó, dijo que las personas no ven el efecto positivo de creación de negocios y empleo de las leyes de incentivos hasta tanto no se reestructure la deuda del país.

El Secretario recordó, además, que Puerto Rico ha perdido más de $100,000 millones en bonos, capital de bancos y bienes raíces, y ese dinero tiene que reemplazarse. Añadió que a los puertorriqueños olvidan que la manufactura ha evolucionado y ahora no emplea a tantas personas como solía. De igual modo, Bacó reiteró que la economía de la Isla ha cambiado de una de ‘Manos a la Obra’ a una economía del conocimiento, o ‘Mentes a la Obra’, y de servicios.

El DDEC emitirá un estudio en diciembre sobre los incentivos económicos de las Leyes 20 y 22 promulgadas en el 2012 para atraer inversionistas y empresas con la promesa de casi cero pago de contribuciones. Bacó expresó que el estudio mostrará cuántos puestos de trabajo se han creado y los ingresos que se han obtenido como resultado de estos incentivos. A su vez, la Legislatura aprobó una ley recientemente que creará un portal para monitorear el uso de los mismos.

Aunque Puerto Rico tiene más de 15 leyes que ofrecen incentivos, las leyes 20 y 22 han sido criticadas por exacerbar la brecha entre ricos y pobres en una Isla donde el 60% de sus habitantes vive en la pobreza.

La Ley de 20 busca desarrollar a Puerto Rico como un centro internacional de servicios de exportación mediante un decreto de 20 años de duración. Los beneficiados pagan impuestos a una tarifa de 4% sobre los servicios de exportación, y obtienen exenciones fiscales del 100% sobre los dividendos o beneficios de servicios de exportación y en los impuestos sobre la propiedad.

Mientras, la Ley 22 ‘para incentivar el traslado de individuos inversionistas’ busca atraer nuevos residentes a Puerto Rico proporcionando una exención contributiva con respecto al ingreso, producto de inversiones, devengado por individuos que advengan residentes de Puerto Rico, no más tarde del año que finaliza el 31 de diciembre de 2035.

Bacó recientemente fue objeto de críticas por decir que los que se oponen a dichas leyes son unos perdedores, pero aseguró que ambas leyes han ayudado a retener profesionales y a crear puestos de trabajo que no son solo ‘tres o cuatro’, sino 30 o 40. Mencionó Price Waterhouse, que se beneficia de la Ley 20, y que ha contratado a más de 150 profesionales. Dijo que unos 750 decretos ya han sido otorgados bajo la Ley 22, y 450 decretos bajo la Ley 20. Recalcó que la ley de exportación es también para los puertorriqueños y que no solo ha beneficiado a inversionistas extranjeros. De igual modo, negó que bajo las Leyes 20 y 22 se hayan concedido incentivos a personas con antecedentes penales o menores de edad. Agregó que su agencia lleva desde hace más un año haciendo verificaciones de antecedentes penales a los solicitantes y obligándolos a abrir cuentas bancarias locales ya que los bancos también hacen verificaciones de antecedentes penales.

‘Hacemos una investigación completa… personalmente he negado incentivos’, dijo.

El DDEC no divulga los nombres de los inversionistas millonarios porque la información es confidencial, pero Bacó dio a entrever que esa información podría hacerse pública. ‘Pido que nos den el espacio y el tiempo’, sostuvo. Sus comentarios surgieron luego de una conferencia de prensa en la cual el gobernador Alejandro García Padilla anunció el regreso de Iberia a Puerto Rico en mayo luego de varios años de ausencia.