El impago de parte del Gobierno de Puerto Rico de la deuda de la Corporación para el Financiamiento Público (CFP) que vencía en los primeros días de agosto no tendrá un efecto directo en la clasificación de sus Obligaciones Generales (GOs, por sus siglas en ingles.

Así lo informó la casa acreditadora Fitch, según cita Sin Comillas, argumentando que la acción es consistente con la intención del Gobierno de reestructurar su deuda, además de la crisis fiscal.

La deuda de CFP es garantizada por apropiaciones legislativas, las que no son clasificadas por Fitch.

Sin embargo, Moody's considera que este es el primero de más impagos de la deuda ya que Puerto Rico no tiene los recursos para cumplir con los pagos venideros. La evaluadora de crédito también notó que el pago de estos bonos está sujeto a apropiación, por lo que la falta de la misma indica que no existe requisito legal de pagar ni recurso legal para los acreedores.

Por otro lado, la presidenta del BGF, Melba Acosta Febo, indicó en comunicación escrita que, 'No se hizo la totalidad del pago hoy debido a la falta de fondos asignados para este año fiscal. Esta es una decisión que refleja las graves inquietudes acerca de la liquidez del Estado Libre Asociado y el balance entre las obligaciones con nuestros acreedores y las obligaciones con el pueblo de Puerto Rico, igualmente importantes, para garantizar que se mantengan los servicios esenciales que el pueblo merece. De hecho, CFP sí hizo un pago parcial de intereses en relación con los bonos en circulación. El pago parcial se realizó con fondos restantes de asignaciones legislativas previas relacionadas con pagarés pendientes de pago que aseguran los bonos de CFP. De acuerdo con los términos de los bonos, los cuales establecen que dichas obligaciones son pagaderas únicamente con fondos expresamente asignados por la Legislatura, CFP aplicó estos fondos —que suman aproximadamente $628,000— al pago correspondiente al 1 de agosto'.

Asimismo, Puerto Rico detuvo temporeramente sus depósitos al fondo que paga sus bonos de obligación general, marcando una escalada en la crisis fiscal de la isla, reporta Bloomberg. Un documento sometido a la Junta de Reglamentación de Valores Municipal el lunes suspendió temporeramente los pagos a un fondo que cubre $13,000 millones de deuda de obligación general.

De otra parte, el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez dijo el lunes que el gobierno necesita terminar primero con el plan de ajuste fiscal y económico a cinco años antes de llegar a un acuerdo de renegociación de deuda con los acreedores porque el mismo es esencial.

Suárez hizo sus comentarios en reacción a las declaraciones que hiciera el oficial de asuntos públicos de La Fortaleza, Jesús M. Ortiz, en el sentido de que se discutirán unas nuevas condiciones del pago de deuda a la CFP

'Nosotros tenemos que terminar el trabajo del plan de ajuste fiscal económico a largo plazo para continuar con los trabajos de negociación de deuda de los distintos acreedores. Estamos bien activos trabajando y esperamos tenerlo a fin de mes', aseguró el Secretario.

Al preguntársele nuevamente si antes del 30 de agosto se sentarán a negociar con los acreedores de la CFP, Suárez dijo que, 'las conversaciones continúan con distintos acreedores pero que el plan es esencial para tener un acuerdo…Los distintos acreedores se tratarán de manera independiente y vamos a ver qué ocurre con cada uno'.

Sobre los trabajos con la reforma laboral, en la que están interviniendo varios bufetes de abogados como Fiddler, González <><><>& Rodríguez, dijo que todas las propuestas de reforma laboral están en el informe del estado fiscal del gobierno hecho por la economista Anne Krueger./p

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'Ese es el punto de partida', sostuvo Suárez, quien aclaró que también hay abogados sindicales, economistas, representantes del tercer sector y la Coalición del Sector Privado, laborando en la propuesta reforma./p