La presidenta del Centro Unido de Detallistas, Enid Monge de Pastrana denunció que la 'Patente Nacional' que se cobraría por las ventas brutas y el alza en las tarifas del agua pone en riesgo sobre 40,000 empleos en el sector de pequeños y medianos comerciantes y ocasionarían aumentos en los precios de ventas para los consumidores.

'Esto tiene un impacto…los comerciantes tendríamos que reducir la plantilla de empleados o cerramos o aumentar precios y ninguna de esas funciona bien', dijo Monge.

Monge levanto la alarma sobre lo que denunció como 'enmiendas insuficientes' en las nuevas disposiciones contributivas contenidas en el Proyecto de la Cámara 1427, que amenazan con poner en riesgo sobre 40,000 empleos. Aunque el sector reconoce que existe una alternativa de dispensa, la misma es inoperante para aquellos comercios con un ingreso de menos de $3 millones en ingresos provenientes de ventas brutas porque se les obliga a pagar unos $3,000 en un 'agreed upon procedures' que es parecido a un informe auditado para probar que no pueden pagar la patente.

'Como si esto fuera poco, el sector no tiene garantías ni transparencia en los procesos que garanticen determinaciones objetivas. Dicho proceso puede costar aproximadamente entre $3,000 y $3,500. Resulta insostenible que si la alternativa de dispensa es para quienes no tienen los medios para pagar, los trámites para demostrarlo sean tan onerosos y complejos', señaló Monge.

El CUD reiteró su pedido de que se elimine la patente nacional o que en la alternativa los negocios que hacen menos de $3 millones en ventas brutas no tengan que pagarla. También Monge pidió que se revisen los porcientos para que aquellos negocios que tienen más de $3 millones en ventas brutas puedan pagar la patente nacional.

Agregó que desde el primer día el CUD señaló que el cobro de la contribución especial debía de hacerse por márgenes de ganancia atendiendo particularidades de cada renglón empresarial, ya que de lo contrario aquellos con márgenes limitados se verán severamente impactados al punto de tener que cerrar operaciones.

Monge destacó un estudio que efectuó el economista José I. Alameda del impacto nefasto que tendrían las disposiciones de la hoy Ley 40 y que pondría en riesgo cerca de 40,000 empleos en el sector pymes. Además de la imposición del IVU en 26 distintos tipos de servicios bancarios, la Ley 40 impone siete cargos adicionales y contribuciones especiales a los costos de hacer negocio en Puerto Rico. Por ejemplo, la eliminación del certificado de exención, el requerimiento de una fianza cuantiosa en la solicitud del certificado de revendedor, y el pago del IVU inherente a los servicios asociados al funcionamiento del comercio.

Todo eso sin incluir los costos de IVU Loto, patente municipal, CRIM mueble e inmueble, renovación de permisos, licencias y seguros, y los seis costos asociados al aspecto laboral. 'Evidentemente', agregó la Presidenta del CUD, 'esto hace imposible para los pymes hacer negocios y sobrevivir en un ambiente que se ha tornado en una duplicidad de regulación y costos'.

De otra parte, Monge les pidió a los socios que digan presente en una reunión que tendrá la Junta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados el 16 de octubre para que el nuevo Cargo por Cumplimiento Ambiental que se les cobre a los comerciantes sea por volumen de consumo y no por el diámetro del contador como es ahora.

Monge dijo que de hacerlo así el 76% de los comerciantes verían una baja en sus tarifas del agua aunque admitió que negocios como restaurantes y hoteles podrían verse afectados.

'Si se adoptan las recomendaciones que propone el CUD, sobre 70% de los negocios reflejarán una mejoría significativa en sus tarifas. Es urgente un replanteamiento de la política pública de este gobierno que vaya dirigida al fortalecimiento del comercio local, quien a fin de cuentas es el motor de la economía del País', dijo Monge.