La Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) denunció hoy que el Gobierno no acogió las preocupaciones que le presentaron en torno al impacto adverso que tendría para este sector la imposición de la patente nacional, cuando la semana pasada la Fortaleza sometió a la Legislatura el P. de la C. 1427 para enmendar la recien aprobada Ley 40.

De acuerdo al licenciado Manuel Reyes, vicepresidente de MIDA, del Gobierno no acoger los reclamos que han presentado a través de un proyecto por petición (P. de la C. 1430) radicado en la Cámara de Representantes, esto se traducirían en cierres de entre 52 a 80 establecimientos, despidos de entre 3,120 a 4,800 empleados, una inflación en el costo de los productos de un 3.5% y menos recaudos para el fisco.

Reyes indicó a la prensa que "a pesar del ingenio local para competir, el Estado ha inclinado la balanza en contra de los locales, destruyendo el andamiaje legal que velaba por la competencia u ofreciendo consistentemente incentivos a los competidores del exterior. La Ley 40 es otro ejemplo lamentable".

Según el empresario, la denominada patente nacional, más que una patente es una especie de contribución mínima alternativa, que "implica un impuesto directo a los alimentos, porque se calcula en base a sus ventas brutas".

El problema de que sea una contribución por volumen de ventas es que los comercios estarían obligados a pagarla aunque no generen ganancias, e incluso puede llevar a las empresas a enfrentar pérdidas, dijo.

Este destaca que es una contribución "injusta" porque no aplica a todas las empresas, y representa una carga mayor a las que compañías cuyo márgenes de ganancias son igual o menores de un 5%.

De hecho, apuntó que estas empresas se verían impactadas por la aplicación de una tasa efectiva promedio de un 130%.

El panorama es más complejo porque a su juicio no se ha tomado en consideración el efecto que tiene para esta industria el Impuesto a la Venta y Uso (IVU) por algunas transacciones entre negocios (B2B), el reciente aumento en el costo del agua, el alto costo por servicio de energía eléctrica, los precios de la gasolina, el pago de la patente municipal y el impuesto sobre la propiedad.

Reyes sostuvo que el P. de la C. 1430 lo que pretende es que la contribución mínima alternativa que se imponga a todas las industrias no sea mayor a un 40%. Y que la solicitud de dispensas no implique costos adicionales para los establecimientos.

"El Secretario proveerá una dispensa para reducir o eliminar la tasa de contribución impuesta por esta sección a aquellos personas que soliciten y demuestren al Secretario, que la contribución impuesta en esta sección le ocasionará una consecuencia económica indebida o perjudicial, debido a que dicha contribución resulta en una cantidad significativa en comparación con su margen neto de ganancia ("net margin"), según este término aquí se define", reza en la medida.

De no tomarse en consideración esta medida, las proyecciones del economista Gustavo Vélez son que si un 13% de los 400 supermercados establecidos en Puerto Rico entran en pérdidas, pudieran cerrar 52 de estos establecimientos, perderse 3,120 empleos, y reducirse en $9.4 millones los ingresos fiscales.

El otro escenario posible es que si un 20% de los 400 supermercados establecidos en la Isla entran en pérdidas, estarían en riesgo de cerrarse 80 establecimientos, perderse 4,800 empleos y reducirse en $14.4 millones los ingresos fiscales.

Por su parte, Ferdysac Márquez, presidente de MIDA, reconoce que para hacerle frente a esta situación, lo primero que están mirando las empresas es hacer recortes en la nómina, y lo segundo es como achicar el margen de ganancia.

A cuestionamientos de NotiCel de cuánto seria la proyección de pérdidas de empleos por supermercado, Reyes sostuvo que el estimado hasta 5,000 que ha hecho Vélez corresponde a las empresas que se proyecta que van a cerrar, no de las que intentarán hacerle frente a la situación.

De otro lado, a preguntas de este diario digital de cuándo se podría comenzar a ver este impacto, Reyes manifestó que hay al menos un 13% de las empresas que "del saque" no podrían afrontar estos nuevos impuestos y que ya la industria las da como "pérdidas". Esto tomando como base los estimados a nivel nacional de empresas que ya están en pérdidas, que ha hecho el National Grocers Association.

"Del resto, vamos a ver cuáles son las reacciones y cómo pueden trabajar con esto", determinó.

En esa línea, Vélez, manifestó que el Índice de Actividad Económica mensualmente sigue en picada desde el pasado noviembre, lo que tiene "un efecto inmediato en este sector. Y el otro elemento es que si tú ves la data de las quiebras ya frente a esto, ya están cerrando de 20 a 30 supermercados anuales en Puerto Rico, previo a esta especie de tormenta perfecta, de una economía agudizándose en contracción, un consumidor con menos poder adquisitivo, una presión inflacionaria, y obviamente, un elemento nuevo de un 'shock' contributivo que confiscan las ganancias de las empresas".

Este observa que el impacto se irá viendo dependiendo de las operaciones de las empresas.

De otro lado, al tomar en consideración, que durante el mes de octubre se comenzará a ver una reducción de aproximadamente de $200 millones de los fondos ARRA que eran canalizados a través del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y la inflación que se prevé en los costos de los productos debido a la patente nacional, para Vélez, esto tendría "un efecto muy significativo, un efecto multiplicador bien grande", que contraería las ventas de las empresas y reduciría el poder adquisitivo del 40% de la población que dependen de estas ayudas para adquirir alimentos.

Si no se atienden estos reclamos MIDA adelantó que contemplan presentar demandas contra el Gobierno, al considerar medidas anticonstitucionales, discriminatorias y arbitraria.