La presidenta del Centro Unido de Detallistas, Enid Monge, dijo el lunes que solicitó una reunión urgente con el director de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Alberto Lázaro, para ver si se puede atemperar el nuevo cargo por Cumplimiento Ambiental y Regulatorio impuesto en la factura de agua previendo el impacto negativo que la medida puede tener sobre los pequeños y medianos negocios.

Monge dijo que ya su organización tenía conocimiento de que el nuevo cargo vendría pero que ella estaba bajo la impresión que el nuevo cargo se impondría por reglamento y que tendrían la oportunidad de ir a vistas públicas a discutirlo.

No obstante, cuando los negocios comenzaron a recibir las facturas de agua, se percataron de la magnitud del cargo, el cual podría ocasionar el cierre de muchos negocios.

Monge dijo que el cargo viene en momentos en que el sector empresarial enfrenta la Ley 40, la eliminación del certificado de revendedor y la nueva patente estatal además de la incertidumbre por la suspensión de los contratos de energía renovable.

'La magnitud de este cargo es fuerte (…) Los negocios como siempre tenemos que ser creativos y ser eficientes. Mejorar los cobros, maximizar nuestros productos y disminuir gastos,' dijo Monge.

El nuevo cargo va desde $2 a $63 para las facturas residenciales en base al consumo en bloque. No obstante, para el sector gubernamental y empresarial, el mismo es de $63 a $18,663 dependiendo del agua y el diámetro del alcantarillado, según el portal de la AAA.

Según Lázaro, el nuevo cargo brindará $280 millones a la corporación pública, dinero que se utilizará para poder cumplir con nuevos proyectos requeridos por la Agencia de Protección Ambiental y el Departamento de Salud.

No obstante, la presidenta de la Asociación de Industriales, Waleska Rivera, dijo en entrevista radial que el nuevo cargo afectará inversiones y ocasionará el cierre de negocios.

'Vamos a seguir cerrando empresas y van a ver empresas que van a seguir mirando hacia otros lugares, que obviamente no será quedarse en Puerto Rico', dijo Rivera.

De otra parte, Monge también se quejó de las operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica y le pidió al gobierno nombrar una junta externa reguladora que supervise las decisiones de la junta de directores de la AEE.

Monge criticó la decisión de la AEE de paralizar los contratos de energía renovable porque el país debe moverse hacia fuentes alternas de energía. La AEE paralizó los contratos para analizarlos uno a uno alegando que algunos podrían ser onerosos para la corporación pública.