Desde enero se han radicado unas 77 solicitudes de decreto bajo la Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas, que ofrece beneficios contributivos a millonarios que se hagan residentes de la Isla y traigan consigo capital de inversión.

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio informó que ya se han radicado 99 solicitudes en total desde que la ley para atraer inversionistas millonarios entró en vigencia en el 2012.

Esta fue la misma ley que atrajo la atención mundial en marzo luego que saliera a la luz pública que el inversionista, John Paulson, tenía interés en mudarse a Puerto Rico para aprovechar los créditos contributivos ofrecidos por la Ley 22.

La ley concede exención contributiva en el ingreso y producto de inversiones devengado por individuos que vengan a vivir a Puerto Rico no más tarde del 31 de diciembre de 2035.

El propósito de la ley fue promover que individuos que no hayan sido residentes de la isla por al menos los pasados 15 años antes de que la ley entrara en vigencia, y que mantienen inversiones en o fuera de EEUU, establecieran su residencia aquí.

La exención contributiva también beneficia a estos individuos cuando invierten en bonos, acciones y otros instrumentos de inversión, así como cuando invierte en fondos mutuos de Puerto Rico. Para incentivar la mudanza de estos millonarios a Puerto Rico, la ley los exime del pago de contribuciones en el ingreso pasivo devengado con respecto a sus inversiones.

De otra parte, el DDEC informó que ya se han recibido unas 120 solicitudes de decreto bajo la Ley para Fomentar la Exportación de Servicios, aprobada por la pasada administración para proveer el ambiente para desarrollar a Puerto Rico como un centro de servicios internacional, promover la permanencia y regreso de profesionales locales y atraer capital extranjero.

No obstante, el departamento no pudo establecer el impacto económico en la isla de las dos leyes 'debido a la poca información que se solicita como parte del proceso'.

'Actualmente, no contamos con información suficiente como para emitir un análisis responsable del impacto económico de ambas leyes. Ante tal situación, el Departamento de Desarrollo Económico, asesorado por economistas, ha revisado los procesos de solicitud y formularios, de manera que los solicitantes tengan que ofrecer mayor información, lo cual nos brindará la oportunidad de hacer un análisis real de este impacto,' dijo la agencia.

De igual manera, el DDEC estará solicitando información adicional, de manera retroactiva, a las personas y/o empresas que ya se han acogido a los beneficios de ambas leyes. 'Esto nos va a permitir estimar el impacto que hasta el momento han tenido ambas leyes, así como su impacto futuro', dijo la entidad en declaraciones escritas a NotiCel.

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