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Economía

Aumento arbitrio de gasolina delata adicción del gobierno a los carros

Más allá del efecto adverso que causará al bolsillo del consumidor el sonado arbitrio a la gasolina que entró en vigor tras la firma del nuevo presupuesto para el año fiscal 2013-2014, la medida impositiva deja nuevamente al descubierto el hecho de que el gobierno de Puerto Rico no tiene interes en mejorar el ya deteriorado servicio de transporte público colectivo.

De acuerdo a dos investigadores de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras (UPR-RP), optar por resolver la crisis fiscal recurriendo a nuevos impuestos en el consumo de gasolina no debe interpretarse como una medida sorpresiva.

Los impuestos en este renglón generaron cerca de 169,321,000 al erario público durante el año 2012.

Por ende, la rentabilidad de esos ingresos incidió en propiciar que el gobernador Alejandro García Padilla y sus asesores económicos no titubearan en mirar a la gasolina como un recurso de consumo clave para propósitos de cuadrar el presupuesto.

Después de todo, el gobierno puede darse el lujo de escudarse detrás de la innegable realidad de que el puertorriqueño es dependiente del vehículo privado.

Esta realidad va atada a la falta de un sistema de transporte público eficiente y la carencia de áreas urbanas densamente pobladas que sean capaces de reducir la necesidad de acudir a centros comerciales suburbanos , fragmentados e inaccesibles a través de medios alternos.

'El hecho de que se haya aumentado el impuesto a la gasolina y otros derivados del petróleo, pone nuevamente al descubierto que el gobierno sabe que tiene una gallinita de oro, que se refuerza por el hecho de que el propio gobierno sabe que su sistema de transporte público no funciona', argumentó el investigador y estudiante de Geografía en la UPR-RP, Luis Ortiz, en entrevista con NotiCel.

'Al gobierno no le conviene que el puertorriqueño haga la transición hacia la transportación colectiva debido a la alta rentabilidad que existe con mantener la dependencia en el vehículo privado', añadió Ortiz, como parte de la divulgación de los resultados de una investigación académica presentada el pasado mes de abril en la conferencia de la Asociación de Geógrafos Americanos, celebrada en Los Angeles, CA.

Las declaraciones de Ortiz provocan un cuestionamiento de lo planteado recientemente por el diario Primera Hora el pasado martes en torno a la posibilidad de que 'los puertorriqueños busquen otras alternativas'.

Si bien existe un precedente de que hubo un aumento en el uso del Tren Urbano (TU) y las guaguas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses la última vez que el precio de la gasolina se disparó sobre $1 el barril, las opciones de transporte siguen siendo mínimas para la gran mayoría de las familias puertorriqueñas.

Cabe destacar, que los casi diez años de operación del TU no ha traído el esperado efecto multiplicador en las diferentes áreas urbanas contiguas a las estaciones.

Asimismo, el modelo de transporte integrado se desmorona al tener que esperar extensos períodos por una guagua de conexión que están pautadas a pasar por las diferentes estaciones del TU.

De igual manera, la construcción del Tren Liviano Caguas-San Juan es un gran signo de interrogación, luego de que uno de sus principales asesores y exsecretario de Transportación y Obras Públicas, José Izquierdo, le admitiera recientemente a este medio digital que la promesa de García Padilla de comenzar la construcción de este sistema a finales del 2013, ya no será una realidad.

Para completar el tétrico panorama transportista del país, se mira con nostalgia el tren que décadas atrás recorría toda la Isla.

Este legado de ineficiencia ha provocado que un número cada vez mayor de la ciudadanía en Puerto Rico vea el uso del vehículo privado como el único curso 'natural' dentro de la rutina, y ni se planteen la posibilidad de explorar medios alternativos.

De acuerdo al profesor del Departamento de Economía en la UPR-RP, Carlos Rodríguez, el consumidor puertorriqueño se encuentra en un punto de adquirir y utilizar gasolina como parte de una rutina inconsciente.

Como ejemplo, Rodríguez argumenta que existe una relación estadística positiva entre el aumento de salario y el consumo de gasolina.

'Este aumento (en el precio de la gasolina) puede observarse, cuando se analiza el caso de un ciudadano representativo al cual le aumenta su ingreso. A medida que aumenta su ingreso, va consumiendo más gasolina. Esto se debe a que compran más automóviles, van más de paseo y de compras, entre otras tareas. A medida que el ciudadano realiza estas actividades, la demanda y oferta de la gasolina aumenta y a la vez el precio de la misma, ya que este bien se convierte en uno de primera necesidad', expresó Rodríguez en su artículo titulado 'Análisis empírico de la función de demanda por gasolina en Puerto Rico (1999-2006)'.

Ante ese panorama, el economista plantea que 'el consumidor tiene una rutina en referencia al consumo de gasolina. Este consumo se convierte en una rutina inconsciente. Primeramente, el consumidor visita una estación de gasolina en la cual, como primer paso selecciona el tipo de gasolina que desea echar a su vehículo. Posteriormente, el consumidor paga por el servicio y finalmente se pone en marcha. Pero, en realidad, no visualiza el por qué el alza en el precio, sus razones y consecuencias, ni indaga en si la gasolina es apropiada para el mejor funcionamiento y rendimiento de su vehículo'.

Con respecto al nuevo arbitrio en la gasolina impuesto por la administración de García Padilla, Rodríguez alertó sobre el peligro de realizar tal medida de recaudo durante un período de recesión económica.

'Un impuesto genera un incremento en el precio del bien. Ese precio del bien se va a traducir en costos adicionales para los consumidores, y principalmente en el renglón de los artículos de primera necesidad, como es el caso de la gasolina en Puerto Rico. Por lo tanto, ese impuesto lo van a pagar las personas que van a necesitar ese bien', puntualizó Rodríguez, al tiempo que alertaba sobre los posibles escenarios de inflación que surgen cada vez que comienzan medidas impositivas en artículos de primera necesidad.