El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, catalogó como una 'medicina dulce', las nuevas medidas de recaudos que dicho cuerpo legislativo piensa aprobar esta tarde para cuadrar el presupuesto del próximo año fiscal y que totalizan sobre $1,300 millones.

A su juicio son las medidas 'correctas' para evitar afectar directamente a la ciudadanía.

En rueda de prensa, Perelló y el representante Rafael 'Tatito' Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara, confirmaron que las nuevas partidas de recaudo son: $237 por la eliminación de la exención del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) por las transacciones entre negocios y por las compras de ciertos productos por parte de las cooperativas, universidades, hospitales y hoteles; unos $439 millones por la patente estatal que aplica a corporaciones cuya venta bruta es de sobre $1 millón; $270 por restablecer las tasas contributivas a las corporaciones a las del 1994; $100 millones en medidas de fiscalización entre las que se incluyen el cobro del IVU por las ventas en internet y la eliminación del Certificado de Revendedor.

Asimismo, se espera recaudar unos $314 millones, entre las que esta cambios en las fórmulas de los casinos y otras medidas operacionales en dicha industria.

Pese a este panorama, Perelló descarta que al final del días los consumidores tengan que pagar esto nuevos impuestos, pues asegura que el mismo mercado los va a absorber.

De otro lado, plantearon que el desfase de $110 millones en el presupuesto presentado originalmente por el Ejecutivo se van a cubrir con una reducción de gastos de $65 millones y un financiamiento de $45 millones.

Tanto Perelló como Hernández plantearon que las medidas impositivas son transicionales en los que se hacen cambios en el sistema contributivo, pero no precisaron el plazo de vencimiento.

Por otra parte, establecieron que el incremento en los gastos del presupuesto responde a que se van a pagar obligaciones del Gobierno de $295 millones en deuda pública, $215 millones en aportaciones adicionales al Sistema de Retiro, un incremento en la fórmula a la Universidad de Puerto Rico de $77 millones, $121 millones en restitución de fondos al Departamento de Educación, unos $6 millones en aumentos en la fórmula de los tribunales, entre otras.

Asimismo, plantearon que el incremento en los gastos de la nómina del Gobierno para el próximo año fiscal, se debe a los convenios colectivos que no se habían honrado.