A juicio del director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach, las alternativas que se han mencionado para la gravísima deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), traerían consecuencias en la factura de la luz y, por otro lado, no tienen poder de captación suficiente para solucionar el problema.

Marxuach señaló que con el impuesto a las importaciones de petróleo crudo, los consumidores podrían sufrir el impacto en su bolsillo, ante el hecho de que el mayor importador en la Isla es la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y la corporación se lo pase a los ciudadanos en la factura, por medio del ajuste por combustible.

En cuanto al incremento de los marbetes para los vehículos de lujo, el economista entiende que no es una medida que logrará levantar muchos recaudos.

Asimismo, tuvo reparos conque las medidas de cuadre del presupuesto vigente, entre la que está la amnistía contributiva que vence este próximo 30 de junio, logren levantar los $445 millones que se esperan.

'[L]as amnistías usualmente son infladas y te dejan un poquito menos de lo que es. Lo de las cuentas por vender no sé… Esa es la parte que más me preocupa de todas las medidas que se estaban proponiendo para cerrar el presupuesto, porque depende de la fiscalización y del cumplimiento que pueda hacer Hacienda, hay un elemento de riesgo… Pensando en términos probabilísticos, yo te diría que las probabilidades son más altas de que ese número no se de', expuso.

De no lograr estos recaudos, Marxuarch adelantó que el Gobierno tendría el problema de que le presentó estas proyecciones a las casas evaluadoras de crédito e inversionistas.

Incierta el alza en recaudos por expansión del IVU

Por otro lado, el CNE no tiene claro si las opciones que se están discutiendo para ampliar la base del IVU resulten en un aumento de $1,050 millones para Hacienda, debido a los problemas de cumplimiento y fiscalización, la complejidad de los cambios propuestos y la debilidad de la economía de la Isla. Tampoco pudieron concluir si la ampliación del IVU redundará en aumento de costos y servicios.

'Algunos negocios se lo van a poder pasar a sus clientes en otros negocios no, depende de la estructura de la competencia de ese sector, depende de la sensitividad a la demanda… Ahora para los pequeños y medianos negocios (PYMES), eso sí va a ser un cantazo fuerte', apuntó.

De igual forma, cuestionó cómo Hacienda lograría fiscalizar a los comercios, ahora con la eliminación de los Certificados de Revendedor.

El problema del BGF con la ACT es su más grande, pero no su único. A la deuda de la ACT de $2,200 millones se suman ell Municipio de San Juan ($404 millones) y el Fideicomiso de las Comunidades Especiales ($364 millones), quienes no tienen claro cómo repagarán.

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