El Departamento de la Familia tiene un aumento neto de 4 millones 739 mil dólares en el presupuesto recomendado para el próximo año fiscal, en comparación con el vigente. Así lo dio a conocer hoy Idalia Colón Rondón, secretaria del Departamento de la Familia, durante la vista de presupuesto celebrada en el salón Leopoldo Figueroa, en El Capitolio.

El presupuesto consolidado de 2.7 billones de dólares comprende asignaciones de fondos para los organismos y administraciones que integran el Departamento de la Familia: el secretariado, la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN), la Administración de Familias y Niños (ADFAN), la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) y la Corporación de Industria de Ciegos, Personas Mentalmente Retardadas y Otras Personas Incapacitadas (CIRIO).

'En las prioridades de nuestro presupuesto siempre hay seres humanos que enfrentan inmensos retos en graves desventajas. El presupuesto del Departamento está comprometido con la política pública que, de manera integrada, apoya el desarrollo, la autosuficiencia, el bienestar y la justicia social para la gente', comentó Colón Rondón durante su ponencia.

La titular estuvo acompañada por Vanessa Pintado, administradora de ADFAN; Marta Elsa Fernández, administradora de ADSEF; Rosabelle Padín, administradora de ASUME; Olga Bernardy, administradora de ACUDEN, Sylvia Franco, directora de (CIRIO) y Fernando Santiago, secretario auxiliar de Administración del Secretariado.

Colón Rondón aprovechó su alocución para exponer los retos con los que se encontró al llegar a la Agencia y las estrategias que ya puso en marcha, junto a su equipo de trabajo, para enfrentarlos. El más significativo es el referente a las 42,000 querellas de maltrato a menores sin investigar. La titular describió la situación como 'el más duro golpe que ha tenido la Agencia en su historia'.

Por otro lado, el impacto de la Ley 7 provocó el desmantelamiento de programas y servicios indispensables que se debieron conservar para mantener un nivel de atención responsable.

'La ley 7 dejó cesanteados cerca de 2,000 personas. Estos despidos incluyeron a empleados(as) que ocupaban puestos en el servicio directo, como trabajadores sociales, técnicos, abogados y conductores, entre otros. Esto provocó que se afectaran los servicios a los(as) menores y a más de 650,000 familias que reciben servicios en las oficinas locales', especificó la titular.

El presupuesto para el próximo año fiscal incluye partidas para prevención de la violencia, desarrollo económico solidario, actualización de las Guías de Pensiones Alimentarias, cuido de niños y niñas en edad temprana y reclutamiento de personal en ADFAN para servicio directo, entre otros.

A preguntas del presidente de la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado, el senador José Nadal Power, la secretaria detalló que el presupuesto de la Familia proviene 88 por ciento de fondos federales y el 12 por ciento de fondos estatales y que solo dos programas, los de subsidio de energía eléctrica y el de distribución de alimentos dentro del Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) se verán afectados por el llamado secuestro federal.