Desde su fundación en 2001, la Corporación de Cine de Puerto Rico (CCPR) ha estado rodeada de controversia y cuestionamientos en el manejo de los fondos públicos que deberían ser dirigidos al desarrollo de una industria cinematográfica puertorriqueña sólida y estable.

Productores y cineastas consultados por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) coinciden en que la política partidista durante los pasados 12 años ha sido factor determinante en la toma de decisiones en esa corporación pública. Las turbulencias operativas de la CCPR son indistintas a la administración de turno que la maneje. En la Corporación de Cine parece que la corrupción no tiene color.

La situación ha llegado a niveles alarmantes, según denuncias hechas por la Asociación de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (APCA). Se alega que millones de dólares han sido repartidos entre un pequeño grupo de favorecidos sólo por sus conexiones políticas.

Sólo en los últimos cuatro años se habla de que la industria de cine 'movió' $147 millones en la Isla, pero nadie, en su sano juicio, puede decir que ese dinero se ha traducido en la creación de una industria cinematográfica local robusta.

La Corporación de Cine se creó con la Ley 121 de 2001, la Ley para el Desarrollo de la Industria Fílmica en Puerto Rico, que proveyó nuevas alternativas de financiamiento, con especial atención a los proyectos concebidos y desarrollados por cineastas puertorriqueños. La Ley 121 debió fomentar la actividad cinematográfica, con especial atención a las necesidades locales.

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