Señalan al Tribunal por bono de Navidad
Las exoneraciones de patronos en el pago del bono de Navidad se redujo al comparar con el año pasado, aunque se ha incrementado significativamente desde el 2004.
De acuerdo a cifras provistas por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), este año fueron solicitadas 762 exoneraciones del pago del bono de Navidad y de estas se aprobaron 630. Esto quiere decir que 61,576 empleados no recibirán este año un bono mínimo de $600.
En cambio, en el 2010, unos 798 solicitaron ser exonerados y de los cuales 634 fueron aprobadas.
Pese a esto, el representante Jaime Perelló denunció hoy que 'hace 2 años ya, se cambió el reglamento del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para flexibilizarlo y que los dueños de empresas o negocios pudieran evadir con mayor flexibilidad el pago del Bono a sus empleados. Y aunque en aquel momento lo denunciamos previendo los resultados, hoy lamentablemente confirmamos el saldo de estas enmiendas en detrimento de miles de empleados del sector privado para favorecer a unos pocos'.
Ante esto, Perelló solicitó una investigación al secretario del DTRH, Miguel Romero, sobre si las políticas que implantó influenciaron a que más patronos fueran exonerados del pago del bono de Navidad. De hecho, indicó que en el nuevo Reglamento el DTRH eliminó el requisito de un informe auditado por un contador público autorizado.
Asimismo, señaló que 'se permite reclamar como pérdidas la depreciación de la propiedad y reclamar también como pérdidas las contribuciones que pagan los negocios al Estado'. A juicio del legislador, esto ha abierto la brecha para que más patronos evadan su responsabilidad.
'De esta manera se sigue empobreciendo al trabajador a la vez se favorece a los que más tienen', sentenció.
Sin embargo, como ya había informado
NotiCel, el alza en las solicitudes de exoneraciones se viene dando desde que el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá modificó la ley.
Secretario del Trabajo respondeEl secretario del Trabajo, Miguel Romero, rechazó tajantemente las expresiones vertidas hoy por el representante Perelló ante la enmienda al reglamento del Departamento del Trabajo sobre el Bono de Navidad y afirmó que dicha enmienda obedeció al dictamen del Tribunal de Apelaciones sobre la nulidad de requerir por Reglamento lo que la Ley no exige.Romero sostuvo que el Reglamento se enmendó hace un año atrás, el 11 de agosto de 2010, no dos, como menciona el Representante, para acoger la interpretación emitida por el Tribunal de Apelaciones ante varios casos entorno al mismo asunto, entre estos: Pueblo Inc. v. Román Velasco González, 30 de marzo de 2010.
Como parte del análisis que el Tribunal realizó en torno a dicha controversia determinó que 'en el Artículo 7 de la Ley 148 dispone que las solicitudes de exención para el pago del Bono de Navidad estén acompañadas de un estado de situación de ganancias y pérdidas certificados por un CPA, lo que significa que dicho estado sea auditado, compilado o revisado por un CPA.
El Legislador no exigió que el referido estado de situación certificado solo podía ser auditado, como se estableció en el Artículo V6 del Reglamento 7418. Por lo tanto, el Secretario del DTRH no estaba facultado para añadir un requisito que no se estableció en la Ley y se excedió al requerir mediante reglamento que los referidos estados financieros estén auditados por un CPA. Su actuación es ultra vires, por ende, este requisito debe tenerse por no puesto', reza la sentencia del Tribunal.
'En otras palabras, a tenor con la interpretación del Honorable Tribunal se procedió a enmendar el reglamento para atemperarlo a lo que provee realmente la Ley 148. En ningún momento se pretendió con esta enmienda beneficiar intereses particulares alguno. Al contrario, se procedió a atemperar dicho Reglamento a la interpretación del Tribunal. Por lo que decir que la misma se hizo para flexibilizar que los dueños de empresas o negocios pudieran evadir con mayor flexibilidad el pago de Bono a sus empleados es una aseveración incorrecta que demuestra un desconocimiento total con el cual induce a error a la ciudadanía', sentenció el Secretario del Trabajo.