La casa de inversiones UBS aceptó pagar $160 millones para transar una demanda civil que le impuso la Comisión Federal de Valores (SEC por sus siglas en inglés) y otras agencias federales por al menos 100 instancias de fraude en la obtención de contratos públicos, incluyendo tres transacciones en Puerto Rico.

La demanda fue presentada, e inmediatamente transigida, en mayo pasado en el Tribunal Federal para el distrito de Nueva Jersey, pero hasta ahora no se había discutido públicamente en la Isla. La transacción cubre también contratos públicos obtenidos en otras jurisdicciones en Estados Unidos.

Las transacciones realizadas de forma fraudulenta en la Isla se relacionan con una emisión de bonos de $1,300 millones en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) el 10 de octubre de 2001 (que le dejó comisiones por $3.6 millones a UBS); una emisión de $700 millones para la Autoridad de Carreteras y Transportación (que le dejó $2 millones); y una emisión de la Autoridad de Energía Eléctrica por $385 millones (que le dejó $1 millón).

UBS mantiene dos contratos públicos vigentes: uno de $2 millones con la Corporación del Fondo del Seguro del Estado que dura hasta el 2016; y otro de $85,000 con la Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles (ACAA) que dura hasta este año. El presidente de la Junta de Directores de la ACAA, Manuel Sarmiento, es esposo de la ejecutiva de UBS, Anita Brennan.

La empresa emplea al hermano del Gobernador, Roberto Fortuño y fue uno de los centros de mayor concentración de donantes para la candidatura del hoy mandatario. El jefe de UBS en Puerto Rico, Carlos Ubiñas, no ha estado disponible para contestar preguntas. Recientemente, UBS también quedó vinculada con el esquema de corrupción de Jorge de Castro Font cuando se publicó la declaración jurada en la que el ayudante del convicto ex senador detalla los pagos políticos ilegales que recibía regularmente su jefe de parte del ejecutivo de UBS, Wilson Colberg Trigo. Además, UBS está referido al Departamento de Justicia por su participación en la emisión de unos $3,000 millones en bonos de la Administración de los Sistemas de Retiro.

Aún así, tan reciente como en junio de este año, UBS todavía participaba de las emisiones y transacciones financieras del BGF.

El detalle del esquema de fraude

Al transigir la demanda, UBS renunció a su derecho a apelar, pero no aceptó ni negó los hechos imputados que, según la SEC, incluye que ‘durante un período de cuatro años UBS manipuló por lo menos 100 transacciones, generando millones de dólares en ganancias mal habidas y amenazando el status contributivo de los sobre $16,500 millones en deuda’.

Entre las tácticas de manipulación, se detectó que: UBS obtuvo información adelantada privilegiada de parte de las agencias públicas que emitían la deuda para poder acomodar su licitación a lo que los demás habían licitado y así salir adelante; que facilitaron que otras casas de inversión sometieran licitaciones flojas adrede a cambio de una comisión que UBS les pagaba; y que ellos mismos sometieron licitaciones flojas para que otras casas de inversión se llevaran la subasta, a cambio de recibir una comisión.

‘Como resultado de la conducta fraudulenta detallada durante el período de tiempo relevante, UBS ganó ilegalmente subastas para al menos 22 instrumentos de reinversión municipal, manipuló al menos 12 transacciones como Agente Licitador en beneficio de otros proveedores, sometió al menos 64 licitaciones de cortesía o intencionalmente fallidas y, en al menos siete instancias, facilitaron pagos impropios y encubiertos a agentes licitadores supuestamente por servicios rendidos en conexión con un intercambio de tasas de interés, en beneficio del licitador ganador. En cada instancia, UBS hizo representaciones y omisiones fraudulentas, de esta forma directa o indirectamente engañando a los municipios y sus agentes’, resumió el SEC en sus alegaciones.

El pago de $47 millones se desglosa de la siguiente manera: $9.6 millones en restitución, $5.1 millones en intereses y una multa de $32.5 millones. Además, las jurisdicciones afectadas se dividirán $91 millones y el Servicio de Rentas Internas federal recibirá otros $22 millones.

Para más detalle, y los documentos de la demanda, vea el