Cuando el gobernador Luis Fortuño anuncie, en un mensaje al país hoy o en una actividad que tiene programada mañana, que buscará revalidar en La Fortaleza, seguro dirá que lo peor pasó, que logró encaminar la recuperación, y que lo mejor está por venir. Pero, eso no fue lo que el gobierno del vicepresidente de su partido, el alcalde capitalino Jorge Santini, le dijo al gobierno federal.

Para defenderse de una auditoría en la que le reclaman que malutilizó o desperdició unos $20 millones en fondos federales de vivienda, el municipio de San Juan le dijo al Departamento de Vivienda federal que debe tomar en cuenta que no hay mucha gente comprando casas en la Isla porque unos 200,000 han perdido sus empleos y porque esos empleos 'no van a recuperarse pronto'.

'Con más de 200,000 personas que perdieron sus trabajos en la recesión convertida en depresión que pasa la Isla desde hace cinco años, y con la economía mostrando pocas señales de recuperar esos empleos e ingresos pronto, más una población que se redujo en 39,000 durante la última década, y que continúa envejeciendo a un paso récord, hay poca gente comprando (vivienda)', argumentó el municipio en su defensa por voz de la alcaldesa interina Lourdes Rovira, una ex presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Al reiterar que el desempleo y la reducción poblacional los ha tomado de sorpresa, Rovira recalcó que los proyectos del municipio están, incluso, comparativamente mejores que los proyectos privados del área de San Juan donde, según la funcionaria, 75% de las residencias están disponibles, o lo mismo que unas 34,599 unidades.

La auditoría de los inspectores del Departamento de Vivienda federal contiene múltiples señalamientos al municipio en unos 11 proyectos de vivienda pública, incluyendo Tapia's Court, Los Portales II, Cataluña Court, Padre Colón Apartments, San Miguel Apartments II, Chalets de Landrau, D'Rio Project, William's Court, Vistas del Horizonte II, y Gilberto Monroig.

Los señalamientos incluyen comprar terreno en exceso de lo que los proyectos requerían, comprar propiedad dos veces, compras de terreno que no estaban debidamente documentadas, y que los proyectos mantenían unidades desocupadas, entre otros.

El municipio no identificó las compañías desarrolladoras con las que contrató para los proyectos, pero la información de la auditoría permite identificar a ICS Development como una de esas empresas. ICS Development es una de las entidades involucradas en el caso de fraude del municipio de Vega Baja y, según el diario Primera Hora, tiene deudas millonarias con el fisco, está demandada por el Banco de Desarrollo Económico, y tiene un presidente, Pedro Viera Marrero, que regularmente abre y cierra frentes corporativos.

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