Desde 1997 existe en Puerto Rico un programa que permite la autorregulación de las empresas en materia de salud y seguridad en los lugares de trabajo, con la participación y el aval de los trabajadores de esas medidas reglamentarias.

Le parece demasiado bueno para ser verdad? Pues quizás esa es precisamente la duda con el Programa de Protección Voluntaria (VPP por sus siglas en inglés): que su propia definición es contradictoria pues deja en manos de los patronos diseñar los parámetros de salud y seguridad, con la supuesta participación de los trabajadores, y lejos del ojo de las agencias reguladoras del Estado. Todo esto a cambio de menos inspecciones y la exención de multas en la mayoría de los casos.

'En Puerto Rico, el asunto de la seguridad y la salud es una cuestión garantizada constitucionalmente', por lo que el programa, que funciona mayormente en empresas que no tienen sindicatos, plantea un problema, según el abogado laboral, Reinaldo Pérez. Cuestionó la 'participación de los trabajadores' en un ambiente en donde los empleos son escasos y cualquier confrontación con el patrono tendría que darse en solitario.

El PPV es una creación de la administración del presidente estadounidense Ronald Reagan con el propósito de 'reconocer y promover excelencia' en el lugar de trabajo en materia de salud y seguridad. El programa funciona bajo la tutela de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA por sus siglas en inglés). En Puerto Rico lo que se conoce como PROSHA está bajo el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

Para ingresar al programa las empresas e industrias solicitan una certificación que expide PROSHA después de asegurarse que el solicitante cumple con los requisitos. Según el programa, en el proceso de certificación colaboran los trabajadores, quienes se comprometen en mantener el lugar de trabajo seguro.

Pérez catalogó el PPV como 'un programa de desvío para las corporaciones'. Si se descubre que ha habido violaciones, se les da la oportunidad de enmendar el problema y seguir disfrutando de los beneficios.

Según lo ve el ex titular del Departamento del Trabajo de Puerto Rico, Román Velasco, las industrias 'se liberan de las multas, pero tienen que cumplir con los señalamientos'.

El programa surge ante la incapacidad de las autoridades, locales y estadounidenses, de supervisar efectivamente las industrias para velar que cumplan con los estándares de seguridad y salud. Así las cosas, se les insta a establecer 'sistemas superiores de administración de salud y seguridad', según PROSHA, que deben mantener al día para cuando se hagan las inspecciones, una vez al año, o cada 18, 24, 30, 42 ó 60 meses, según el caso.

'El Departamento (del Trabajo) no puede inspeccionar a todos los patronos, sobre todo los de las industrias de mayor riesgo', reveló Velasco al referirse a la industria farmacéutica.

'Hay una especie de relajación... se verifica que los programas cumplan, ciertamente hay laxitud, la Ley no dice que el patrono tiene que ir donde OSHA a que certifique que está cumpliendo', destacó Velasco.

Explicó, que al crearse el programa se reconoció que la autoreglamentación se encargaría de asuntos que no puede hacer el Estado.

Un informe de la Oficina de Contabilidad del Congreso (GAO por sus siglas en inglés) de 2009 advierte en sus conclusiones que 'los controles internos de OSHA no son suficientes para asegurar que sólo los lugares de trabajo cualificados participan en el PPV'.

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