El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, solicitó al Government Accountability Office (GAO), organismo investigativo del Congreso, que emita un informe detallado sobre el impacto de las leyes de cabotaje tanto en la economía de Puerto Rico como en la de Estados Unidos.

'Los costos y beneficios de la Ley Jones -específicamente sus implicaciones en la economía nacional, defensa nacional y en la industria doméstica de la construcción de barcos- ha sido objeto de debate vigoroso a través de los años. El impacto de la Ley Jones ha sido fuente de particular preocupación en Puerto Rico y otras jurisdicciones que dependen altamente del transporte marítimo para hacer comercio con Estados Unidos', lee la carta enviada por Pierluisi al Contralor General de Estados Unidos, Gene L. Dodaro, según un comunicado de prensa del Comisionado.

La Sección 27 de la Ley Jones, que entró en vigor en 1920, establece que todas las importaciones y exportaciones de Puerto Rico, desde y hacia Estados Unidos, tienen que ser en barcos de la Marina Mercante. Las Islas Vírgenes Estadounidenses, así como Samoa Americana y las Islas Marianas, están exentas de la Ley Jones.

De acuerdo al Comisionado Residente, sus constituyentes, además de una amplia gama de economistas, han expresado preocupación de que el crecimiento económico de la Isla, así como su competitividad, han sido entorpecidos por los costos asociados a la Ley Jones.

La mayoría de las importaciones en Puerto Rico vienen de Estados Unidos, y la mayoría de los productos son transportados en barco. Así mismo, en el lado de las exportaciones, lo que Puerto Rico produce para vender en el exterior -generalmente productos de manufactura-- se dirigen hacia el mercado de Estados Unidos, la mayoría transportados por barco.

'Si la Ley Jones en efecto provoca mayores costos de transportación, esta ley podría tener un impacto adverso y desproporcionado sobre Puerto Rico', sostuvo Pierluisi.

El Comisionado Residente también llamó la atención a un informe que data de la década de los 70 en que un grupo de trabajo del Departamento de Comercio de Estados Unidos destacó que 'la exención de las Leyes de Cabotaje en la Isla, con frecuencia señaladas como la respuesta al problema, proveería un remedio que no sería duradero'.

'Si el grupo de trabajo analizó este asunto adecuadamente y si sus conclusiones aún son válidas 30 años más tarde, son preguntas a las que no tenemos respuesta', dijo.

Pierluisi le solicitó al GAO que consulte con las partes interesadas en Puerto Rico, incluyendo a representantes del sector de la manufactura y la agricultura. Además, les pidió que se reúnan con representantes del Puerto de Las Américas de Ponce, altamente interesados en este asunto, y con individuos y organizaciones que apoyan o se oponen a la derogación de esta ley, 'de manera que el estudio pueda servir de base para cualquier reclamo o proyecto que tengamos que presentar en el Congreso'.

'La mejor manera de reclamar un cambio en las leyes de cabotaje es demostrando el impacto que tienen en nuestra economía y en el futuro desarrollo del Puerto de Las Américas. El GAO es una entidad independiente y no partidista que le responde al Congreso y por lo tanto sus hallazgos y conclusiones sobre este tema tendrán la mayor credibilidad. Es la mejor entidad para hacer el estudio correspondiente', sostuvo Pierluisi.