El tribunal apelativo sostuvo una multa ética contra un empleado del DRD que no siguió un reglamento y cedió sin cobro instalaciones públicas varias veces.

El Tribunal de Apelaciones sostuvo una multa de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) contra un empleado que tenía a su cargo instalaciones públicas sujetas a cánones por alquiler, pero que las cedió sin cobrar, una conducta que sería ilegal en toda instalación pública para el que estén dispuestas reglas de alquiler.

La expresión apelativa ocurrió en el caso de Ricky López Martiz, quien al momento de la conducta ilegal era director de la región noroeste del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) y tenía bajo su responsabilidad el Centro de Capacitación Deportiva y Recreativa (CECADER) de la agencia que ubica en la base Ramey de Aguadilla. La instalación tiene habitaciones, salón de actividades y piscina.

Según la prueba de la OEG, entre mayo de 2017 y junio de 2018, López Martiz autorizó el uso del CECADER en 17 ocasiones sin cobrar el alquiler, ni fianza, o cobrándolo con descuentos o intercambiándolo por materiales para el centro. Entre las actividades que se realizaron sin que hubiera el correspondiente pago de alquiler están torneos de boxeo, de atletismo, softball, natación, de la Guardia Nacional y familiares privadas. Los actos del empleado ocurrieron sin que lo autorizaran las personas que ocuparon la secretaría de la agencia en ese periodo.

Como resultado, la OEG lo multó por $4,000 e impuso restitución de $2,920 al concluir que usó su cargo de manera indebida para el beneficio de terceros.

“El señor López Martiz estaba obligado por el Reglamento de Arrendamiento a cobrar cánones de arrendamiento y fianza por el uso de las instalaciones del CECADER, aun a las organizaciones de niños y niñas escuchas. Los descuentos que concedió para el uso de las instalaciones del CECADER o su uso gratuito, no estaban autorizados ni por ley ni reglamento. Como tal, constituyó un beneficio no permitido por ley”, concluyó el panel de jueces apelativos.

NotiCel ha publicado que en varios municipios que tienen dispuestos alquileres para sus instalaciones públicas deportivas se está permitiendo la operación de negocios privados sin el pago de ese alquiler, una conducta que es la que fue castigada en este caso.

Para leer la resolución del apelativo, pulse aquí.