Igual que el Tribunal de Primera Instancia, un panel de jueces del apelativo encontró que es excesivo prohibir que todos los estudiantes de un colegio jueguen en la liga.

El Tribunal de Apelaciones determinó que la Puerto Rico High School Atheltic Alliance, Corp. (PRHSAA) se excedió al prohibir que todos los estudiantes del Colegio San Ignacio (CSI) participen en los torneos de esa liga después de que se detectara que un estudiante había participado estando corto por unos meses de la edad límite para participación.

El caso lo presentaron los padres de cuatro estudiantes atletas del CSI en septiembre pasado. Cuando una jueza superior emitió la primera sentencia en contra de la PRHSAA, estos decidieron suspender la participación de todos los estudiantes en sus torneos, y no solo los de CSI.

Ante esto, los demandantes pidieron una orden de desacato que la jueza María Elena Pérez Ortiz se negó a conceder. La sentencia que el apelativo emitió el jueves pasado no abarca esa decisión de suspender la participación de los estudiantes de los 27 colegios privados que son miembros de la PRHSAA. La sentencia solo atiende la controversia original sobre San Ignacio por lo que, al momento de la publicación de esta nota, no hay certeza sobre si la participación en esta liga colegial se va a normalizar o si seguirá suspendida.

Igual que la jueza Pérez Ortiz, los jueces apelativos Maritere Brignoni Mártir, Joel Cruz Hiraldo y Annette Prats Palerm concluyeron que los estudiantes atletas de los colegios miembros de la PRHSAA, y no solamente los colegios, son parte del contrato constitutivo de la liga, por lo que pueden hacer reclamaciones aparte de las que hagan o no hagan sus escuelas. También encontraron que el reglamento de la liga es deficiente al menos en dos aspectos fundamentales: no es claro en cuanto a qué se prohíbe y cuáles son las sanciones, y en cuanto a proveer un debido proceso al imponer sanciones que tienen efecto sobre los estudiantes atletas.

“Ante el estado de indefensión de los estudiantes y amparados en el principio de buena fe que rige las relaciones contractuales, disponemos que la actuación sancionadora constituye un daño irreparable. En esa dirección, reiteramos que los estudiantes-atletas no contaron con un remedio adecuado para cuestionar la sanción ante la Liga. En vista de estas circunstancias, determinamos, al igual que el tribunal sentenciador, que la sanción impuesta resulta arbitraria, desproporcionada e irrazonable. Enfatizamos que la determinación de PRHSAA no se sostiene a la luz de un examen de razonabilidad basado en el marco legal reseñado”, concluyó el panel apelativo.

Ese “estado de indefensión” es una violación a la Carta de Derechos del Estudiante, una ley que aplica a estudiantes tanto del sistema público educativo como del privado. Uno de los hechos probados en el caso es que el error del estudiante del CSI que jugó sin cumplir con el requisito de edad fue compartido entre la escuela y la liga, ya que ambos tenían la responsabilidad de cotejar la elegibilidad de los estudiantes atletas.

Para leer la sentencia del apelativo, pulse aquí.

Vea:

Piden desacato contra liga colegial tras posponer todos los juegos