En respuesta a una sentencia que le ordenaba permitir la participación del Colegio San Ignacio, la liga que administra deportes colegiales canceló todos los torneos en todos los deportes indefinidamente.

Los padres de cuatro estudiantes del Colegio San Ignacio (CSI) pidieron al tribunal que encuentre en desacato a la Puerto Rico High School Atheltic Alliance, Corp. (PRHSAA) después de que la entidad decidiera cancelar todos los torneos postemporada indefinidamente como respuesta a una sentencia que les obligó a levantar la sanción que enfrentaba el colegio.

La controversia comenzó con una sanción impuesta al CSI que le impedía a sus estudiantes participar en juegos de ninguna disciplina deportiva porque un estudiante había participado en un juego sin tener la edad mínima.

Los padres de cuatro estudiantes recurrieron al tribunal y, tras una vista, la jueza superior María Elena Pérez Ortiz, resolvió prohibirle a la PRHSAA que mantuviera esa sanción sanción “drástica, desproporcionada y excesiva” porque provocaba un “daño irreparable a los menores”, porque había sido impuesta a partir de unos estatutos, o reglamento, que están “mal codificados y son incongruentes entre sí” y porque fue resultado de un “manejo arbitrario, caprichoso e irrazonable” de esos estatutos.

En el tribunal, los abogados de la PRHSAA dijeron que los juegos afectados por la controversia estaban pautados para comenzar el 15 de octubre y que no se podían posponer por la planificación que se había hecho de uso de canchas y los gastos asociados a los árbitros.

Pero ese día, el presidente de la liga, John M. Román, emitió una carta comunicando que el comité ejecutivo de la organización se había reunido, que entendían que “el tribunal erró” al conceder la petición de “un pequeño grupo de padres que no son miembros y no tienen una relación contractual” con la liga y que la sanción al CSI había sido ratificada en dos votaciones del Consejo General de la PRHSAA.

Añadió que el comité ejecutivo había decidido apelar, que para obedecer la sentencia dejaban sin efecto la sanción contra el CSI, pero que decretaba “una posposición de todos los torneos de campeonato postemporada (Post-Season Tournaments)” y que, sujeto al trámite apelativo, “se reprogramarán todas las postemporadas del año en curso”.

En su petición de desacato y de orden para que comiencen los juegos, los demandantes enfatizaron a la jueza que “al posponer indefinidamente todos los torneos de postemporada, la PRHSAA está provocando mayores daños a los menores de edad de todas las escuelas que componen la liga (y no solo a los demandantes)”. Añaden que la determinación del comité ejecutivo es un intento por evadir la sentencia del tribunal mediante una “conducta arbitraria y contraria a los principios de buena fe”.

El tribunal otorgó 10 días para que la PRHSAA conteste la petición de desacato. La organización la componen 27 colegios privados y sus torneos interescolares incluyen baloncesto, voleibol, fútbol y béisbol. La sentencia se fundamenta en el beneficio personal y educativo que los estudiantes atletas derivan de una actividad de la cual también puede depender sus oportunidades de estudios universitarios.

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