Federación Voleibol dice “tal vez” reglamento debería contemplar para embarazos de jugadoras
Juez Anthony Cuevas Ramos se reservó el fallo tras una vista en la que argumentaron la Federación de Voleibol, las Sanjuaneras de la Capital, el COPUR y la Procuradora de las Mujeres.
El vicepresidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FBV) reconoció al Tribunal de Primera Instancia que “tal vez” su reglamento debe contemplar cómo se van a manejar los embarazos de las jugadoras en la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF), un elemento que está al centro de la demanda que enfrenta la organización como secuela de no permitir el reemplazo de la jugadora refuerzo Destinee Washington después de que esta se retirara por tener un embarazo de alto riesgo.
“Tal vez deba estar, en algún momento”, comentó el licenciado José M. Marxuach Fagot quien, además de vicepresidente de la FPV, compareció en el caso como uno de sus representantes legales y argumentó el viernes en una vista que celebró el juez Anthony Cuevas Ramos y tras la cual este indicó que estaba listo para emitir una decisión por escrito en los próximos días.
Además, de la FPV, el juez escuchó del demandante Metro V.C. LLC, la empresa tenedora de la franquicia Sanjuaneras de la Capital, equipo que integró Washinton esta temporada, así como de los codemandados Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR) y de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM).
Aunque su participación en el pleito es como interventora, el peso de la argumentación en contra de la decisión de la FPV la tuvo la OPM, que pide la tribunal la invalidación de la sección del Reglamento de Torneo que dispone que en postemporada solo se permite la sustitución de un refuerzo si hay una “lesión” certificada por un médico de la federación, así como la invalidación de las decisiones tomadas con ese fundamento. Esa parte del reglamento fue la que la FPV interpretó que no cubría el embarazo de alto riesgo de Washington, por lo que no permitió su sustitución, lo que inició una cadena que culminó en que se decretara campeonas a las Criollas de Caguas sin celebrar un solo juego de la final y de que las Sanjuaneras y sus integrantes fueran sancionadas por un año.
Lo que se busca es evitar que “un apoderado sea más listo que otro” dijo Marxuach al tratar de poner larga distancia entre el embarazo de Washington y la decisión de la federación. “[L]a controversia gira en torno a un apoderado que decide no jugar porque la interpretación a la regla en cuestión ‘no le conviene’ y recurre de la decisión avalada por el reglamento en cuatro ocasiones distintas. En todas se le dio el debido proceso de ley y aun así caprichosa e injustificadamente decidió secuestrar el evento más importante del torneo de voleibol privando a todas las atletas de participar en el mismo”, fue como lo argumentaron en su moción de desestimación.
Al suplir elementos que no están en el reglamento y que nunca se le plantearon al equipo de las Sanjuaneras en las distintas etapas de la controversia, otra abogada de la federación, Joanna Bocanegra Ocasio, estrenó el argumento de que “la interpretación lógica de lo que significa lesión es la que acontece como resultado del entrenamiento o la participación en dicha competencia” y que la FPV no tenía que conseguir un médico que hiciera evaluación independiente de Washington “porque no es una lesión en el contexto deportivo”, como torcerse un tobillo. Este ejemplo, sin decirlo, hace referencia a una controversia que tuvo Washington con las Criollas de Caguas cuando, hace unos siete años, no terminó la temporada por una lesión en el tobillo.
Bocanegra apuntaló que el apoderado del equipo, Marcos M. Martínez, conocía todas las reglas y las aceptó cuando voluntariamente pagó $100,000 a la federación para gerenciar la franquicia de las Sanjuaneras.
Para separar la decisión del mundo estrictamente deportivo y reforzar su posición de que el tribunal debe entrar a decidir la controversia porque es una materia de derechos civiles, la abogada de las Sanjuaneras, Tatiana Vallescorbo Cuevas, insistió en que la regla de la sustitución de refuerzo “no tiene nada que ver con las reglas del juego de voleibol”. Añadió que el embarazo, por sí mismo, no inhabilita a una jugadora y que cada caso tiene que evaluarse en sus circunstancias. En cuanto a Washington, quien no es una parte en el pleito, defendió que no tenía que divulgar su embarazo antes y que lo hizo tan pronto recibió orden médica de reposo por ser de alto riesgo. Detalló que el equipo cumplió con todos sus pagos y que el contrato de las jugadoras es uno “hecho por hombres y para aplicar a hombres, aunque sea la Liga de Voleibol Femenino”.
Sostuvo que el efecto de validar la acción de la FPV va a ser que las jugadoras se van a inhibir de siquiera decir que están embarazadas para que no se tomen represalias en su contra si luego el embarazo resulta en una orden médica que le impide completar la temporada.
Ante los múltiples intentos de la FPV y del COPUR de levantar bandera sobre la falta de jurisdicción del tribunal para entrar en la controversia por tratarse de entidades y relaciones estrictamente privadas, el abogado de la OPM, Richard García Pérez le recordó al juez que “el tribunal no puede validar un discrimen” en ningún ámbito, incluso en el privado. Añadió que, particularmente el COPUR, está responsabilizado por ley de ejecutar la política pública de igualdad y libertad en la participación de los ciudadanos en el deporte, lo que, a su entender, queda tronchado con el lenguaje y aplicación de la FPV de lo que es una “lesión”.
“Si se valida este tipo de discrimen, eso va a disuadir a las mujeres a seguir una carrera en la Liga de Voleibol (y) limita las oportunidades que tiene la mujer en la participación del deporte”, anotó.
Tanto el equipo como la OPM recalcaron al tribunal que tendría dos vías para entrar a decidir la controversia: o se encuentra que la FPV y el COPUR hacen las funciones del Estado en el tema deportivo por los recursos que se le dan para ellos y las responsabilidades en ley que tienen, y por ende no pueden discriminar, o decide que se trata de una materia laboral completamente privada en la que también la ley prohíbe que se discrimine contra la mujer.
Vea:
¿Qué se discute en el tribunal sobre la voleibolista embarazada?