Las dos crisis más agudas por deudas en la historia de los Estados Unidos han ocurrido en los últimos cuatro años en Detroit y en Puerto Rico. Tras un año investigando la deuda del territorio no incorporado, el Refund America Project -organización apoyada por el Instituto Roosevelt, que aborda el impacto que la crisis financiera ha tenido sobre la salud financiera de las ciudades- explicó cuáles fueron las movidas responsables de la debacle fiscal en el país y sugiere que la jueza en el caso de bancarrota de Puerto Rico puede presionar a la Junta de Control Fiscal (JCF) a cuestionar la legalidad de la deuda.

Gran parte de la deuda del Estado Libre Asociado son intereses impagos de los bonos de valoración de capitales, que es la versión municipal de un adelanto salarial.

Un bono de valorización de capitales (BVC) es a largo plazo con interés compuesto, mediante el cual el prestatario no aporta ningún pago sobre la figura nominal o los intereses durante los primeros años y, en algunos casos, hasta la fecha de maduración del bono. En consecuencia, el monto nominal va creciendo con los años porque los intereses sin pagar son sumados al monto adeudado y se revalora.

Actualmente Puerto Rico tiene $37,800 millones en BVC's pendientes, pero el valor nominal original de los bonos es de apenas $4,300 millones. Los $33,500 millones restantes son intereses con una tasa de interés real del 785%. De esa cantidad, $23,900 pertenece a la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA).

Los acreedores de estos bonos están esperando cobrar 95 centavos por cada 5 centavos de inversión, un retorno de inversión del 1,900%.

Según el Informe de Datos Financieros y Operativos de Puerto Rico del 6 de noviembre de 2015, la deuda pendiente era $69,900 millones, de los cuales $15,200 millones le pertenecían a COFINA.

Sin embargo, los datos sobre nivel de bonos de Bloomberg que usó Refund America para analizar la deuda demuestra que la Isla tiene $36,900 millones de bonos pendientes de la Corporación.

Por otro lado, casi la mitad de los $134,000 millones de deuda que el estado y las corporaciones públicas han emitido o revendido desde 2000 ha sido para refinanciar la deuda.

Firmas como UBS, Citigroup, Goldman Sachs y Barclays Capital han cosechado $1,600 millones en comisiones por estos refinanciamientos desde 2000, un monto que ha sido adherido a la carga por la deuda pendiente, donde UBS se ha llevado la mayor parte de estas comisiones como principal garante.

Esos $1,600 millones emitidos o revendidos desde la crisis económica -excluyendo las corporaciones públicas- fueron a pagar intereses capitalizados, es decir, deuda antigua convertida en la deuda nominal que obliga a los contribuyentes a pagar intereses sobre los intereses.

Tomando en cuenta que la Constitución de Puerto Rico no permite que el estado gire préstamos por más de 30 años es probable que esta refinanciación de deuda sea anticonstitucional.

De otra parte, más de la mitad de los bonos refinanciados emitidos o relanzados desde 2002 hasta 2008 tenían tasas de interés variable, en comparación con una tasa promedio del 11% en los siete años precedentes (1995-2001).

La banca de Wall Street empezó a crear incentivos para que los prestatarios gubernamentales como Puerto Rico asumiesen deuda con tasas variables, para así poder venderles estos otros aditivos y cobrar millones en comisión. En algunos casos, el dinero que los acreedores se ahorraban con las tasas de interés variable quedaba cancelada por completo dadas las altas comisiones que pagaron por los aditivos, como permutas con tasas de interés tóxicas y cartas de crédito.

Las agencias puertorriqueñas se vieron forzadas a pagar por lo menos $780 millones en multas de cancelación para salirse de los costosos arreglos de permutas tóxicas. Asimismo, el gobierno debió emitir nuevos bonos estas multas y, en varios de estos casos, los bancos que avalaron los nuevos bonos eran los mismos a los cuales se les adeudaba.

Más aún, mucha de la deuda con tasa variable de Puerto Rico fue bajo la forma de valores con tasa de subasta (ARS), que es un tipo de bono con tasa variable en los que la tasa de interés se decide en subastas ordinarias.

El mercado de ARS se congeló en 2008, desencadenando tasas de interés castigadas sobre la deuda, forzando a que Puerto Rico desembolse $634 millones en deuda pendiente por estos valores.

La organización hace una serie de recomendaciones al gobierno de Puerto Rico, a saber: auditar la deuda para determinar la porción que es ilegal o ilegítima; iniciar acción legal para invalidar toda deuda ilegal; rehusarse a pagar los costos e intereses excesivos y recobrar las comisiones de prestamistas usurarios.

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