El Banco Popular de Puerto Rico, que ha buscado distanciarse de prestamos que no puedan ser solventados por el Gobierno central, contempla extender más líneas de credito al sector público, de ser necesario, declaró el principal oficial ejecutivo de la corporación, Richard Carrión, a preguntas de NotiCel.

'Nosotros, y lo repetimos, siempre que haga sentido vamos a respaldar los esfuerzos del Gobierno. Lo hemos hecho por más de 100 años y lo vamos a seguir haciendo siempre que haga sentido. Nosotros tenemos una responsabilidad con los depositantes y los accionistas de asegurarnos que se hagan análisis de crédito rigurosos. No es meramente llenar una solicitud y aquí está todo el dinero, hay que analizarlo y si vemos que se va poder pagar pues no hay problema', dijo Carrión.

La empresa otorgó recientemente una línea de crédito al secretario del Departamento de la Vivienda (DV) y presidente de la Junta de Gobierno de la Administración de Vivienda Pública (AVP), Fernando Gil Enseñat, a razón de $30 millones de dólares. El fin de la prestación era habilitar miles de viviendas para personas discapacitadas de los residenciales públicos de Puerto Rico.

Esta línea de crédito, gestionada con el aval de la Junta de Control Fiscal (JCF), que supervisa las finanzas del Gobierno estatal y se estableció por la Ley PROMESA, selló el acuerdo a mediados del mes pasado y tiene como colateral el dinero de fondos federales depositados en la banca privada.

Sobre los controvertibles 147 millones de dólares de fondos en reserva, que siguen depositados en el Banco y no han sido liberados a pesar de las presiones de los acreedores, Carrión expresó que seguirán retenidos 'hasta que nos digan qué hacer'. 'Debemos retenerlos, eso es una cuestión legal. Nosotros no queremos ese dinero, pero estamos en una posición de que cualquier cosa que hagamos, alguien va a decir, el uno o el otro, lo va crucificar, o que un juez nos diga qué es lo correcto ahí', contestó a NotiCel. Este dinero quedó ahorrado para pagar la deuda pública del país y será usado para los tenedores de las Obligaciones Generales (GO's), según ha dicho el gobernador Ricardo Rosselló en declaraciones públicas.

El ejecutivo, que ha sido un ferviente partidario de la Junta, expresó que el ente tiene un deber ministerial que se aprobó bajo el Congreso de EE. UU. y 'ellos deben planificar unos presupuestos y eso lo vamos a ver en los próximos días'. 'Ellos tienen una labor que hacer, fueron nombrados para hacer una labor', repitió.

Ante preguntas de la prensa sobre la petición del Gobierno central al organismo para extender las litigaciones de los acreedores, que vence el próximo uno de mayo, Carrión declaró que ese no es el problema más grave que hay en la Isla. 'No es ese. Tenemos un problema más grande y hay que hacer todos los esfuerzos hasta que se venza el plazo de mayo 1, de llegar a acuerdos bajo el Título 6, pero, en realidad, debe tomarla el Congreso si quiere extenderlos'.

El Banco cuenta con muy pocos préstamos al Gobierno de Puerto Rico, entre los que destacan, el de los Municipios que ronda el 90 por ciento para la corporación, concentrado en 10 pueblos.