Para la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Electrica (AEE), el propuesto aumento de cuatro centavos por kilovatio por hora efectivo este mes de agosto debe ser visto por los consumidores como una inversión en la economía del País y no como una carga adicional al consumidor, así lo aseguró el presidente de ese organismo, Harry Rodríguez García.

Al ser abordado sobre cómo explicarle al abonado que a pesar de que se han señalado supuestos ahorros millonarios logrados a través de la intervención de la principal Oficial de Reestructuración, Lisa Donahue, se establezca un aumento en la tarifa de energía que golpeará el bolsillo del consumidor, el Presidente indicó que el aumento podría ser 'peor' si no se tomaban las provisiones necesarias.

'El proceso que nosotros hemos llevado a cabo posiblemente sea la hoja de ruta que otras agencias de gobierno de Puerto Rico van a tener que seguir. Nosotros cuando comenzamos el proceso de negociación y reestructuración sabíamos que habría que hacer un aumento, que no se hacía desde 1989, en la tarifa básica, y sabíamos que sería un aumento excesivo, que era insoportable. Lo que se acordó aquí es que sería uno compartido entre los acreedores, la empresa y el consumidor. Esas economías que mencionamos es la parte del aumento que el cliente no recibe porque hay esa economía. Si no hubiera esa economía el aumento sería mucho mayor', explicó Rodríguez García en referencia a los $414 millones en supuestos ahorros financieros y operacionales que se han logrado con la intervención de Donahue.

'Nos aseguramos de que nuestros consumidores recibieran el menor aumento posible en esta ecuación. Si nosotros no hubiéramos hecho nada, nuestros acreedores tenían el derecho de poner un fideicomiso y aumentar al otro día para recuperar su inversión. Al hacer un acuerdo mutuo con ellos, sin el marco legal, hemos logrado que en vez de 11 centavos, el aumento sea de cuatro centavos y es una inversión que está haciendo el Pueblo de Puerto Rico porque con ese aumento se va a obtener dinero para nosotros mejorar la infraestructura de esta empresa, que es el corazón del País', añadió.

Según indicó el funcionario, con el aumento se espera allegar ingresos para mejorar los sistemas de transmisión y distribución y al mantenimiento de las plantas con el fin de convertir a la AEE en un ente autosustentable para proveer energía al menor costo posible cumpliendo con las estipulaciones a la vez que se le provee un ambiente adecuado a su plantilla de empleados.

Por su parte, Luis Benítez, vicepresidente de la Junta de Gobierno de la AEE, recalcó la precaria situación en que se encontraba la corporación pública en julio de 2014 cuando apenas había liquidez.

'Hace dos años atrás, la situación de la AEE era una grave, precaria, donde nuestros proveedores de combustible requerían el pago ‘Cash On Delivery', había que estar pagando y no teníamos el efectivo. Tuvimos momentos donde apenas quedaba combustible dos o tres días antes de quedarnos sin forma de generar energía. Si no hubiéramos hecho nada hace dos años, el aumento hubiera sido inminente de entre 11 y 12 centavos. Quisiéramos que no hubiera aumento pero después de todo este proceso necesitamos invertir en la AEE, tener plantas renovadas, para tener una infraestructura que acepte, pueda convivir con las energías renovables', dijo.

'Muchos cuestionarán por qué en estos días ha habido apagones selectivos, y es que nosotros tenemos una flota que estáviejita, una flota de generadores que tienen los 40 años y su vida útil eran 25 años. Y aunque les damos mantenimiento constante en momentos nos falla. Y aunque tenemos reservas, en julio tuvimos unos problemas que aún con la reserva nos quedamos cortos y tuvimos que implementar ese método para darnos tiempo a que no colapsara el sistema', añadió Benítez para justificar el aumento en la tarifa de energía eléctrica.

No obstante, un grupo de nueve de las principales asociaciones de industriales y comerciantes en la Isla desafiaron legalmente a la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR) en los tribunales por el primero de varios propuestos aumentos ilimitados en la tarifa bajo el polémico acuerdo de reestructuración de la AEE que, según indican, serían un cheque en blanco para la corporación pública.

El recurso legal, sometido conjuntamente por el Instituto para la Competitividad y Economía Sostenible de Puerto Rico (ICSE, por sus siglas en inglés), La Asociación de Manufactureros de Puerto Rico (AMPR), el Centro Unido de Detallistas (CUD), la Asociación de Productos de Puerto Rico (APPR), la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), la Asociación de Hospitales de Puerto Rico (AHPR), la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (AHTPR), la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR) y la Asociación de Contratistas y Consultores de Energía Renovable (ACCER), busca bloquear el aumento que, según indicaron, obstaculiza la ya debilitada economía local.

El grupo argumentó que de proceder el alza tarifaria, el aumento inicial de 22% sería uno de los más grandes en todo el territorio estadounidense. La orden de la CEPR emitida en junio pasado, permitiría un aumento para allegar ingresos destinados al servicio de la deuda de $9 mil millones que mantiene la corporación pública.

'Tal como fueron aprobados, estos cargos son un golpe innecesario y directo a la ya debilitada economía de Puerto Rico. También va en contra de las tendencias del mercado nacional e internacional hacia la expansión de la energía renovable y generación distribuida. Si se permite que las tarifas eléctricas continúen aumentando, y las opciones para el establecimiento de la propia generación se bloquean con recargos excesivos, los costos de producción se elevarían considerablemente y Puerto Rico perderá competitividad en la fabricación y otros sectores importantes de nuestra economía, con un menor número de opciones para el desarrollo económico', dijo Tomás Torres Placa, coordinador del Comité de Energía de la Asociación de Industriales de Puerto Rico.

Por otro lado, Rodrigo Masses, presidente de la AMPR, aseguró que 'ninguno de nosotros está en contra de la reestructuración de la AEE o de un proceso bien estructurado que dé como resultado el beneficio a largo plazo para todas las partes. Los inversionistas de Wall Street tienen que entender que las medidas a corto plazo pueden resultar en una carga financiera excesiva que resultaría en la desintegración del proceso de reestructuración propuesto; y la prohibición de la financiera de la energía renovable y distribuida, no proporcionará una solución a medio o largo plazo'.

Demanda por tarifa en AEE - NotiCel_20398