Un informe de la Oficina de la Contralora indicó que no se cumplió con la Ley 71 de 2010, cuyo propósito era generar $223 millones en nuevos ingresos a los municipios y al Gobierno de Puerto Rico a traves de la creación de un registro de propiedades inmuebles no tasadas.

De igual manera, el informe señala sobre una posible pérdida millonaria por el incumplimiento en el pago de una línea de crédito otorgada por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), que 'menoscaba la solidez económica del BGF y le priva de fondos que puede utilizar para atender otras necesidades operacionales'.

La Ley 71, según el informe, establecía la implantación de un registro de propiedades no tasadas y de mejoras de propiedades no tasadas que serviría como base para tasar de las propiedades que estaban pendientes por tasar, de manera que se pudieran generar nuevos ingresos recurrentes.

Esto fue durante la Administración Fortuño, cuando, como hace el gobierno actual de Alejandro García Padilla, se buscaba atender la crisis fiscal del País con distintas medidas que, antes, se llamaban 'medicina amarga', y ahora se presentan como 'decisiones difíciles'.

En aquel entonces, se estimó que las gestiones objeto del informe generarían $223 millones en nuevos ingresos para los municipios y el Gobierno. 'Dicho estimado fue basado en la información obtenida del Censo 2000, de la cual se deduce que en Puerto Rico existían aproximadamente 1,400,000 propiedades inmuebles, de las cuales sólo 800,000 se encuentran inscritas en el CRIM (Centro de Recaudación de Ingresos Municipales)', lee el informe.

Durante el período establecido para el registro de las propiedades se registraron 31,004 propiedades, lo que es solo un 5% de las potenciales 600,000 propiedades que pudieron ser registradas. Al 3 de diciembre de 2012, solamente se habían tasado 89 propiedades de las 31,004 mencionadas, mientras que al 6 de junio de 2013 no se había completado el proceso de facturación para las 89 propiedades tasadas.

De otro lado, el informe subraya que mediante el artículo 3.01A de la Ley 83-1991 se autorizó al BGF a otorgar una línea de crédito de $20 millones que se usarían para financiar las gestiones realizadas por el Comité y el CRIM para cumplir con las responsabilidades que le fueron delegadas mediante el Plan de Acción.

La línea de crédito fue aprobada el 14 de marzo de 2011 mediante un contrato de préstamo entre el BGF y el Comité Interagencial creado bajo la Ley 71. La línea de crédito y los intereses generados por la misma se pagarían con los fondos producto de las contribuciones impuestas bajo la Ley 71.

'Nuestro examen reveló que, al 30 de noviembre de 2013, el BGF había desembolsado $995,4499 con cargo a la línea de crédito y se habían acumulado intereses por $102,061, para un total de $1,097,510. Reveló, además, que a dicha fecha el BGF no había recibido pagos para abonar a dicho balance. Los fondos para pagar la línea de crédito y los intereses saldrían de las contribuciones impuestas a las propiedades incluidas en el Registro', lee el informe.

La gerencia del CRIM, representada por su director ejecutivo, Víctor Falcón Dávila, mediante una misiva al Contralor indicó que 'previo a la aprobación de la Ley (71), el CRIM expuso su preocupación al entender que la base utilizada (Censo 2000) para establecer las propiedades que restaban por tasar era una errónea'.

Según el licenciado, entre los factores para esta 'preocupación' se encontraba que el Censo 'incluye residenciales públicos, así como no distingue cuales de estas propiedades pueden estar exoneradas (aproximadamente 60%). Según nuestros datos, a junio de 2010 había 940,154 propiedades tasadas, que comparadas con los números del Censo, la cifra pendiente de tasación serían 353,731, al descontarle las exoneradas el CRIM tendría pendientes de tasación cerca 141,492 propiedades'.

Destacó, además, que la Oficina de Servicios Operaciones está analizando los casos para emitir los recibos correspondientes y que se estarían evaluando los casos registrados para crear un plan de trabajo.

Por su parte, en una carta del expresidente de la Junta de Gobierno del CRIM y actual alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez Pérez, se manifestó que la dicha ley no creaba en la agencia un

registro de propiedad inmueble no tasadas y de propiedades muebles comerciales e industriales con mejoras no tasadas. 'Sí crea un Comité Interagencial compuesto por el Presidente del Banco Gubernamental, el Secretario de Hacienda y el Director Ejecutivo del CRIM. Este Comité tiene unas funciones específicas delegadas por esta Ley. Es un comité totalmente independiente al CRIM y su única relación es que el Director Ejecutivo del CRIM pertenece al Comité, por disposición de la misma Ley, como sucede en muchas otras juntas de corporaciones públicas y otras entidades. El CRIM no tiene ninguna autoridad sobre este Comité. La Ley no se la concedió, por lo que este Comité es el responsable de cumplir con la encomienda delegada por la Ley que lo creó', dijo.

Sentenció, además, que en aquel momento se opusieron a la creación del Comité ya que entendían que era una entidad paralela que realizaría las mismas funciones que el CRIM.

Sobre la línea de crédito, Falcón Dávila sostuvo que una resolución emitida por el BGF estableció que la fuente de repago del financiamiento provendría del 'Fondo para el Registro y Tasación de las Propiedades Inmuebles no Tasadas y las Propiedades Comerciales e Industriales con Mejoras no Tasadas'. Este se supone se 'nutrirá de las contribuciones económicas de los años económicos 2010-2011 y 2011-2012 proveniente del registro obligatorio de propiedades del CRIM. Dicho fondo no fue creado por lo que no se han registrado ingresos relacionados al Registro. Una vez sea autorizado por la Junta de Gobierno, estaremos trabajando los casos registrados y conforme se reciban ingresos se emitirán los correspondientes pagos a la línea de crédito, según lo dispuesto en la Ley 71-2010'.

Por su parte, la exdirectora ejecutiva, Gloria E. Santos Rosado, indicó, entre otras cosas, que 'antes y después de la aprobación de dicha Ley se solicitó que le permitieran al CRIM realizar las funciones de la Ley 71-2010, lo cual no fue permitido. El BGF fue facultado en Ley como el agente fiscal de este proyecto del cual el CRIM no tenía control alguno'.

Director Ejecutivo del CRIM rechaza informe de Contralora

El director ejecutivo del CRIM, licenciado Víctor Falcón Dávila, reaccionó en la noche del jueves, en torno a un Informe de Auditoría de la Oficina de la Contralora que le señala incumplimiento por parte de esta entidad con la Ley 71 de 2010, cuyo propósito era generar 223 millones de dólares en nuevos ingresos a los municipios y al Gobierno de Puerto Rico a través de la creación de un registro de propiedades inmuebles no tasadas, y sobre el alegado incumplimiento en el pago de una línea de crédito otorgada por el BGF.

'Previo a la aprobación de la Ley (71), el CRIM expuso su preocupación y oposición al entender que la base utilizada (Censo 2000) para establecer las propiedades que restaban por tasar era una errónea. Entre los factores se encontraba que el Censo del año 2000 incluía residenciales públicos, y no distinguía cuales de estas propiedades podían ser exoneradas (aproximadamente 60%). Según nuestros datos, a junio de 2010 había 940,154 propiedades tasadas, que al compararse con los números del Censo, la cifra pendiente de tasación serían 353,731. Al descontar las exoneradas, el CRIM tendría pendientes de tasación cerca 141,492 propiedades. Actualmente la Oficina de Servicios Operacionales está analizando los casos para emitir los recibos correspondientes. Próximamente se estarán evaluando los casos registrados para crear un plan de trabajo', expresó El licenciado Falcón Dávila en un comunicado de prensa.

'Esta Ley se creó con la intención de allegar ingresos al Fondo General y para cuadrar los presupuestos del Gobierno Central de los años 2010-2011 y 2011-2012 con una supuesta proyección de $223 millones producto de la tasaciones de dicho registro; con una cantidad de propiedades no tasadas totalmente irreales', añadió el director ejecutivo del CRIM.

Falcón Dávila sostuvo que tiene 'evidencia de comunicaciones escritas enviadas por el presidente de la Junta de Gobierno de ese entonces, Javier Jiménez Pérez, a quien fuera el Gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, donde expresaban sus preocupaciones e insatisfacción con la implementación de esta Ley tanto por los mecanismos administrativos que establecía y por los procesos de tasación y cobro'.

'La Junta de Gobierno llegó a plantear que esta Ley pretendía allegar el cincuenta por ciento (50%) de lo recaudado al Gobierno Estatal y un quince por ciento (15%) destinado al repago de la deuda para su implantación, cuando los recaudos obtenidos de la contribución sobre la propiedad inmueble de por sí pertenecen a los municipios. En ese momento se planteó que esto podía significar una disminución en los ingresos de los municipios', añadió Falcón Dávila.

El Directorl destacó que los pasados catorce años (14) el CRIM ha ido aumentado el número de propiedades tasadas. Al 30 de junio del 2014, las propiedades tasadas totalizaban alrededor de 1,264,000.

Mencionó que otro argumento presentado ante esta iniciativa legislativa era la oposición a la creación de un Comité Interagencial compuesto por el presidente del BGF, el secretario de Hacienda y el director ejecutivo del CRIM. Sostuvo que el entonces presidente de la Junta del Gobierno expresó que 'este Comité tiene unas funciones específicas delegadas por esta Ley. Y es un comité totalmente independiente al CRIM y su única relación es que el Director Ejecutivo del CRIM pertenece al Comité, por disposición de la misma Ley, como sucede en muchas otras juntas de corporaciones públicas y otras entidades'.

Además señaló que 'el CRIM no tiene ninguna autoridad sobre este Comité. La Ley no se la concedió, por lo que este Comité es el responsable de cumplir con la encomienda delegada por la Ley que lo creó'. Del informe también se desprende que 'en aquel momento se opusieron a la creación del Comité ya que entendían que era una entidad paralela que realizaría las mismas funciones que el CRIM'.

Dijo que por otro lado, la tasación de propiedades resultaría onerosa ya que las tasaciones recaían en compañías privadas. El costo de cada tasación que realiza el CRIM tiene un costo promedio de 40 dólares. El costo de tasación privada fluctúa entre 350 a 500 dólares. 'Antes y después de la aprobación de dicha Ley, se ha solicitado que se le permita al CRIM realizar las funciones de la Ley 71-2010, lo cual no ha sido permitido. El BGF fue facultado en Ley como el agente fiscal de este proyecto del cual el CRIM no tenía ni tiene control alguno'.

Sobre la línea de crédito, Falcón Dávila sostuvo que la Ley 71-2010 estableció que la fuente de repago del financiamiento provendría del 'Fondo para el Registro y Tasación de las Propiedades Inmuebles no Tasadas y las Propiedades Comerciales e Industriales con Mejoras no Tasadas'. Este se supone se 'nutrirá de las contribuciones económicas de los años económicos 2010-2011 y 2011-2012 proveniente del registro obligatorio de propiedades del CRIM. Dicho fondo no fue creado por lo que no se han registrado ingresos relacionados al Registro'.

Otro señalamiento fue la probabilidad de que no se pudiera cumplir con el repago de esta línea de crédito. 'Era improbable que con el producto del cobro de estas contribuciones se pudiera cumplir con el repago de la deuda, ya que exclusivamente el quince por ciento (15%) de los cobros de los años fiscales 2010-2011 y 2011-2012 eran los destinados a estos fines' dijo el Director Ejecutivo del CRIM ya que de las contribuciones.

Informe Contralora sobre CRIM_11036