Si el Gobierno de Puerto Rico insiste en subir el arbitrio al petróleo y sus derivados, la carga caerá sobre un millón de ciudadanos, azotados en los últimos tres años con la disminución del salario y el aumento en el costo de vida.

Según el economista José Antonio Herrero, en un año estas personas tuvieron una reducción de 10 en su salario por hora, lo que equivale a aproximadamente $200 menos.

El sueldo promedio de estas personas es de $18,000 anuales, como ha dispuesto el U.S. Bureau of Labor Statistics, y si a este salario se le multiplica el 2.5% que fue el aumento en el Índice de Precio al Consumidor, en un año estos ciudadanos tuvieron una carga de $650 únicamente con la inflación y la disminución del salario por hora. De acuerdo al economista, a estos $650 se le tiene que sumar los aproximadamente $100, que fue el impacto del último aumento al arbitrio del crudo que se dio en el 2013.

'Esa gente son los que más han sufrido porque fíjate que nada de esto se le aplica ni a la gente que vive de las transferencias de los fondos federales ni a la gente de ingresos altos', determinó.

La situación es más grave para aquel que vive retirado de su lugar de trabajo, y que por la inexistencia de un sistema de transporte colectivo eficiente tiene que utilizar sus automóviles para poder transportarse.

Herrero sostuvo que la estadística 'Travel Time To Work of Workers' que produce la Oficina del Censo de Estados Unidos, arrojó que en Puerto Rico hay unos 190,000 ciudadanos que tardan 90 minutos en ir y regresar del trabajo. El economista estimó que cada una de estas 190,000 personas en un solo día gastan al menos $11 en gasolina.

Estas 190,000 personas enfrentarán un cantazo de $3,500 anuales si se concreta este segundo aumento del arbitrio, por el impacto de la inflación y de la disminución del salario por hora. Esto implica que si la persona devenga el salario promedio de $18,000 anuales, se le estaría reteniendo casi el 19% de sus ingresos.

Ante todo esto, Herrero arremetió contra el presidente cameral, Jaime Perelló, quien pretende que se exima del aumento del arbitrio al diesel. A su juicio, esta es una propuesta 'tramposa' para tratar de proteger ciertos intereses, como lo es el del sector manufacturero.

'Por qué siempre se le carga al trabajador y no al dueño del capital? El dueño del capital no es verdad que está haciendo ningún favor. El dueño del capital vende el producto, hace una ganancia y se la guarda en el bolsillo. Por qué merecen un premio? Qué es lo que ellos han hecho?', cuestionó.

En otros aspectos, Herrero opinó que sería peor para el Gobierno, el que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) se acoja a la Ley para el Cumplimento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas, mejor conocida como la 'quiebra criolla', para salvar al Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

El economista recordó que el problema fiscal de Puerto Rico tiene sus inicios desde la administración de Rafael Hernández Colón, pero el resbalón de economía ocurrió en el 2005 ante los problemas que experimentó Estados Unidos. Fue en este cuatrienio que bajo la gobernación de Aníbal Acevedo Vilá que se creó el Fondo de Interés Apremiante (que es utilizado por COFINA). Por medio de COFINA el Gobierno buscaba pagar o cancelar ciertas obligaciones del Estado.

Según Herrero, el aparato financiero de Puerto Rico fue 'desbaratado' el pasado cuatrienio cuando la administración Fortuño aprobó la Ley 1 del 2009 que aumentó la cantidad de recaudos del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) que se envían a este Fondo, con el objetivo de que COFINA tuviera mayor capacidad para emitir deuda. Del mismo modo, se dio paso a la Ley 3 de 2009 con el fin de obligar al BGF a que utilizara sus recursos para cubrir los gastos operacionales del Gobierno. Una de las que recurrió a esta práctica de tomar líneas de crédito del BGF fue la ACT.

A esto le siguió que la ACT le concedió a Autopistas Metropolitanas de Puerto Rico, la operación de la PR-22 y PR-5, por 40 años, perdiendo los recaudos de estos peajes.

Ahora el Gobierno, busca la manera de el BGF salga de la deuda de la ACT, transfiriéndola a la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura (AFI).

Un 'rescate' del Banco de la Reserva Federal

Tras advertir que un nuevo aumento del arbitrio al petróleo crudo afectaría aún más la ya atribulada situación financiera de cerca de un millón de ciudadanos, Herrero propuso que el Gobierno busque que la Junta de Gobernadores del Banco de la Reserva Federal aprueben el que Puerto Rico participe del programa 'Quantitative Easing' (QE), para de esta manera atender el problema fiscal del país.

En entrevista con NotiCel, Herrero explicó que en el pasado distintas entidades, como General Motors, recibieron un resguardo de parte del Banco de la Reserva Federal a través del QE. Con este mecanismo no convencional, el Banco de la Reserva Federal compra en el mercado títulos y otros valores del Gobierno con el fin de reducir las tasas de interés y aumentar la oferta de dinero.

Herrero es de la opinión de que el Banco de la Reserva Federal puede salir al mercado para comprar los $16,000 millones que ha emitido COFINA. A cambio, Puerto Rico le puede presentar un plan de desarrollo económico que tenga como meta buscar oportunidades de negocio en las islas caribeñas.

La recomendación de Herrero se da en momentos que ha trascendido que el Banco de la Reserva Federal se está inclinando a cerrar la ayuda que dan por medio de QE para estimular la economía estadounidense.