No queda claro qué pasa con las denuncias y los arrestos a las personas que violan la orden ejecutiva.

Desde que la gobernadora Wanda Vázquez Garced emitió la primera orden ejecutiva para mitigar el avance del Covid-19 en la isla el pasado 15 de marzo, la Policía de Puerto Rico ha emitido 3,408 denuncias, ha arrestado a 1,008 personas y ha cerrado decenas de negocios por violar la directriz.

También ha expedido 1,495 multas administrativas a personas que no usan mascarillas y a 164 negocios que permiten este tipo de infracción.

Pero, ¿qué pasa después?

No queda claro. La fragmentación del sistema de recopilación de información del gobierno y las barreras que erigen algunas agencias a la hora de compartir información de interés público evitan comprender el alcance -si alguno- de las medidas punitivas impuestas por infringir las órdenes ejecutivas, que regulan el movimiento de los ciudadanos desde el inicio de la pandemia, que provocado la muerte de 768 personas en el país.

Ayer, el Departamento de Salud reportó dos muertes, 359 casos de personas contagiados y 273 casos probables de personas que estuvieron expuestos al virus.

A dos días de que entrara en vigor la nueva orden ejecutiva, que mantiene el toque de queda de 10:00 p.m. a 5:00 p.m., el comisionado de la Policía, Henry Escalera, y el director de prensa de la agencia, Axel Valencia, explicaron a NotiCel que al inicio de la crisis de salud pública los policías emitían denuncias para todo tipo de violaciones a la orden ejecutiva ante la falta de otra herramienta procesal para atender las infracciones. Esta categoría amplia contempla violaciones por aglomeraciones de personas, estar en la calle durante el toque de queda, beber alcohol u operar un negocio fuera de los horarios establecidos.

Eso cambió, el pasado 21 de agosto, cuando el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, finalmente divulgó un reglamento que permite a la Policía multar a las personas que salen de su hogar sin mascarilla o cubrecobra, una medida esencial para evitar contagiarse con el virus.

El Reglamento 9210 o “Reglamento para Establecer Medidas Preventivas para el Manejo de la Pandemia y Multas Administrativas por Incumplimiento con las Mismas” fija una multa de $100 a la persona o menor que no lleve la mascarilla y de $500 al dueño del negocio que permite una dicha violación en su negocio. El reglamento establece que la persona tiene tres días para pagar la multa, de lo contrario la multa se duplica. También concede al infractor o infractora un período de 30 días para solicitar una revisión judicial.

Aunque a Salud le tomó cinco meses -a partir del cierre de los negocios no esenciales y del decreto del "lockdown"- divulgar el reglamento de cobro de multas por no usar las mascarillas, al Departamento de Hacienda le tomó un mes establecer el mecanismo para cobrar esa multa a través de sus colecturías y sistemas. La recopilación de datos es otra cosa.

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Ayer luego de infinidad de llamadas y mensajes de textos, Hacienda solo ofreció a este medio digital las estadísticas viejas y recopiladas hasta el 7 de octubre. Hasta ese día solo se habían pagado 240 de las multas para un total de $36,900. En la región de Bayamón se pagaron 81 boletos, en Mayagüez 51 y 21 en San Juan.

La información provista no segrega los datos, así que se desconoce si alguna multa corresponde a un negocio.

Ante una pregunta sobre el bajo nivel de pago de las multas, Escalera indicó que la deuda se mantendría en los libros o sistemas de Hacienda, pero no pudo precisar qué mecanismos utilizará el Estado para obligar a las personas a pagar las multas. Refirió la pregunta al Departamento de Hacienda o Salud, pero ninguno estuvo disponible para responder preguntas de NotiCel.

Las estadísticas tampoco identifican a la persona multada. Es decir, no se sabe si se trata de un residente de la isla o un turista y aunque reanudaron las caravanas políticas, las estadísticas oficiales no recogen infracciones por las aglomeraciones en estos eventos. El mismo Secretario de Salud denunció la semana pasada que había candidatos a la gobernación que usaban escoltas para dirigir el tránsito en estos eventos vedados en tiempos de Covid-19.

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Pese a que ofrecieron estadísticas generales y expresaron de forma reiterada su interés en atender las preguntas de este medio, Escalera y Valencia desconocían pormenores de los arrestos y las denuncias. Precisaron que compete a los agentes seguirle el tracto a las denuncias, que incluyen una citación con la fecha y hora que la persona debe acudir al tribunal para atender la supuesta violación de ley.

“Para eso hay que pedir un informe por región”, respondió Escalera.

Las violaciones a la orden ejecutiva son delitos menos graves, pero Valencia señaló que los arrestos ocurren cuando la persona detenida comete otra infracción de índole grave como obstruir la justicia al resistir la intervención o el agente descubre drogas o armas. Ese tipo de detalle requiere de una petición de informes individuales por región.

Otra agencias no tenían datos a la mano.

El Departamento de Justicia solicitó más tiempo para responder preguntas sobre el rol de la agencia en este proceso, que parece no alteró la rutina en el agencia. La Policía consulta los casos graves con los fiscales de las diversas regiones.

La Oficina de Administración de los Tribunales dijo que “actualmente se están atendiendo revisiones de multas administrativas expedidas bajo la autoridad del Reglamento 9210 del Departamento de Salud del 21 de agosto de 2020 y se tramitan de manera similar a un recurso de revisión administrativa”. En este momento, esas vistas se atienden mediante videoconferencias.

Además, solicitó tiempo adicional para ofrecer información sobre la cantidad de recursos de revisión ante su consideración impugnando alguno falta a la orden ejecutiva.

A siete meses de emitida la primera de once órdenes ejecutiva, el gobierno aún no ha logrado establecer una respuesta coherente para bregar con los retos del coronavirus.