El sector médico y el sector económico no armonizan sus diferencias.

A dos días para que entre en vigor una nueva orden ejecutiva y en aislamiento por haber estado expuesta al virus, la gobernadora Wanda Vázquez Garced trata de conciliar las preocupaciones del sector médico, que propone no alterar las reglas de convivencia social en esta etapa de la pandemia, y del sector económico, que insiste en medidas menos restrictivas que permitan mayor actividad comercial y espacio para el esparcimiento a siete meses de la llegada del COVID-19 a la isla.

Ayer luego de dos días reuniones en el Departamento de Salud, en las cuales los representantes de los diversos grupos asesores del gobierno discutieron las estadísticas del virus y sus recomendaciones para la próxima orden, las partes no habían alcanzado ese “término medio” que el médico David Nabarro, de Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda a los países para enfrentarse a esa crisis salubrista, que en la isla ha cobrado 742 vidas y ya causó la pérdida de 80,000 empleos, según datos oficiales.

A finales de la semana pasada, Nabarro, el encargado para el COVID-19 en Europa, acaparó titulares al indicar que la organización no recomienda el cierre de las economías como primera estrategia para detener el virus porque esta estrategia golpea con dureza a las poblaciones más precarizadas al “empobrecer aún más a los pobres”.

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Por el contrario, el experto recalcó en la importancia de establecer estrategias gubernamentales que apuesten a las pruebas de detección, así como sistemas efectivos de rastreo y aislamiento de las personas contagiadas. También apuntó que la respuesta efectiva para enfrentar el COVID-19 requiere de amplia participación ciudadana y de un reconocimiento del efecto de la enfermedad en las poblaciones vulnerables.

“Nos va a tomar más tiempo aprender a vivir con el virus, hacer un balance de los riesgos y organizarnos colectivamente, pero temprano el año que viene todo esto nos parecerá natural”, comentó en una entrevista del canal de YouTube de la revista británica The Spectator.

En Puerto Rico, el camino todavía es difuso. No es la primera vez que ambos sectores chocan. Ya en una ocasión, la gobernadora se inclinó hacia una apertura amplia, pero modificó esa directriz ante el repunte de casos de COVID-19.

Ahora los diversos grupos solo están de acuerdo en que la próxima orden ejecutiva debe tener una vigencia de un mes. Nada más.

La propuesta del sector económico

La actual orden ejecutiva mantiene un toque de queda desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. y permite la operación de negocios, cines y gimnasios a un 25% de su capacidad. Las clases en escuelas y universidades se mantienen virtuales.

Pero el sector económico propone extender el horario para que las personas salgan de su hogar de 4:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. y que amplíe la capacidad de operación de los negocios a un 60%.

Esta propuesta ocurre el mismo día en que la ocupación de las camas de cuidado intensivo en los hospitales del país alcanzó el 70%, alertó Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos.

El tablero de datos de Salud reportó 343 pacientes de COVID-19 hospitalizados y 51 en cuidado intensivo. Dos menores también estaban en cuidado intensivo. En su informe diario, Salud informó cuatro muertes por coronavirus, 490 casos de personas contagiadas y 504 casos de personas que arrojaron positivo a la prueba rápida, que detecta la presencia de anticuerpos del virus en el cuerpo, pero no la enfermedad.

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Además, ayer en la mañana el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, informó que se había contagiado con coronavirus. Esta situación provocó que la gobernadora cancelara sus reuniones e iniciara un proceso de aislamiento preventivo porque el martes estuvo reunida con funcionario en La Fortaleza precisamente para discutir el alcance de la nueva orden ejecutiva.

“Ellos (miembros del sector económico) favorecen una apertura amplia que no ha tomado en cuenta variables como el Día de Halloween y las elecciones generales, que son eventos que propician la aglomeración de personas y deben estar en la orden ejecutiva”, afirmó Ramos.

En medio de la llamada segunda oleada del COVID-19, la ciudad de Madrid cerró el viernes pasado tras registrarse 715 muertes en las tres semanas previas y ayer el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció un toque de queda en París y en las otras ocho ciudades, donde aumentaron los contagios y las hospitalizaciones por coronavirus. Pero, a 1,150 millas, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, eliminó todas las restricciones, una decisión que preocupa a Ramos debido al constante movimiento de boricuas entre dicho estado y la isla.

“No solo es el COVID, están los casos crónicos y los casos de dengue que han aumentado dramáticamente. Me consta que hoy (ayer) hubo de hospitales que cancelaron cirugías electivas que necesitaban camas de intensivo porque no tenían suficiente espacio”, acentuó.

Ramos no cree en volver a la estrategia del “lockdown”, que se implementó al inicio de la pandemia en la isla, pero favoreció mantener inalterada la actual orden ejecutiva porque la isla se encuentra en una etapa de contagio comunitario, donde cualquier persona puede contagiarse con el virus sin poder identificar la fuente de la infección.

“La orden ha funcionado en la medida que los casos no han aumentado, pero tampoco han bajado”, apuntó.

Abogan por los chinchorros

El presidente de la Asociación de Comercio al Detal, Iván Báez, y el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, apoyan cambios a la orden ejecutiva, que permitan horarios de operación más amplios y la apertura de negocios pequeños que al momento permanecen cerrados.

Báez explicó que de cara a la temporada alta de compras de la Navidad la ampliación del horario evitaría la aglomeración de personas.

“Me parece razonable”, apuntó a su salida de la reunión en Salud.

García Padilla, por su parte, promovió la apertura de los chinchorros. Por eso, presentó un protocolo en la reunión de ayer, que impone reglas claras para paliar la propagación del COVID-19 y evita que estos negocios cierren, afectando la maltrecha economía isleña que lleva en recesión más de una década.

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“No podemos marcar a estos comerciantes pequeños”, afirmó para resaltar el trato discriminatorio que se ofrece a estos empresarios.

Estimados del Departamento de Desarrollo Económico señalan que el 30% de los comercios en el país podrían cerrar permanentemente debido al duro golpe económico causado por el coronavirus.

Ayer, La Fortaleza no indicó cuándo divulgará la nueva orden ejecutiva. Al informar que la gobernadora estaba en aislamiento preventivo, su secretaria de prensa, Mariana Cobián Rodríguez, señaló que Vázquez Garced dará a conocer los detalles de la próxima directriz -que entra en vigor el 17 de octubre- de manera virtual o escrita.