Aunque el informe de la Contralora sobre las irregularidades operacionales en la Superintendencia del Capitolio señala a 19 empleados que formaron parte de un esquema de fraude en la otorgación de contratos a dos empresas presididas por el mismo dueño, el documento devela el rol de los cinco funcionarios acusados en el caso judicial que encamina el Departamento de Justicia (DJ).

El esquema se desarrolló bajo las presidencias legislativas de los novoprogresistas Thomas Rivera Schatz, en el Senado y aspirante a revalidar al mismo cuerpo, y Jennifer González, en la Cámara y aspirante a ascender a la comisaría residente.

Edil Danois Román, codueño de las empresas Restaura Contractor y Fasan Construction, emitió 133 órdenes de compra por la suma de $2,736,304 para labores de reconstrucción de las oficinas legislativas del Capitolio. Esto mediante la entrega de cotizaciones falsas que fueron procesadas por una excompradora y una exasistente de asuntos gerenciales.

Jamilette Ramírez Sánchez fue compradora y enfrenta 15 cargos, mientras Gladys Alberti Torres fungía como asistente de asuntos gerenciales y enfrenta 5 cargos. Ambas fueron acusadas de apropiación ilegal de fondos públicos, omisión en el cumplimiento del deber, aprovechamiento ilícito y enriquecimiento ilícito.

Según el informe la excompradora mantenía y modificaba documentos relacionados con las corporaciones Restaura y Fasan y posteriormente los enviaba a la Asistente Administrativa quien mantenía, modificaba e imprimía cotizaciones de una de las empresas de Danois Román.

El informe resume que entre marzo a diciembre del 2012 la excompradora intervino indebidamente en el proceso de adquisición de bienes y servicios en beneficio de las empresas de Danois Román. Entre los hallazgos que presentaron sobre este asunto figura la comunicación que mantuvo con el contratista para gestionar solicitudes de compra con la asistencia de la Asistente Administrativa. También proveyó información privilegiada, como cotizaciones de otros contratistas.

Ordenes falsificadas y pago doble a contratista

A Ramírez Sánchez también se le imputa a nivel estatal por falsificar órdenes de compra para Restaura y Fasan. Al menos cuatro órdenes de $137,756 que suponían ser firmadas por los Asistentes de Asuntos Gerenciales en vez fueron firmadas por la excompradora, según lo certificó un perito del Instituto de Ciencias Forenses.

Tanto el exgerente de proyectos de construcción, Alex Martínez Morales, como el coordinador de proyectos de construcción, Endel Rodríguez Cortés, también fueron señalados por autorizar órdenes de compra a Restaura y Fasan.

Martínez Morales enfrenta cuatro cargos por apropiación ilegal de fondos públicos y omisión en el cumplimiento del deber mientras Rodríguez Cortés encara 14 cargos por perjurio.

En el caso del exgerente de proyectos de construcción, el informe lo señala por firmar seis certificaciones relacionadas con cinco órdenes de compra por $244,463. Además autorizó en al menos tres ocasiones el pago doble por servicios ofrecidos por Danois Román. Una de estas fue en agosto del 2011 cuando se emitieron dos órdenes de compra por la cantidad de $49,292 para el mismo servicio, mientras en noviembre de ese año el contratista modificó una orden de compra anterior para reducir la cuantía a $40,000 que poco después fue desembolsado sin proveer justificación.

El coordinador de proyectos de construcción además aprobó una de dos órdenes de compra por $7,000 y $14,000 que se pagaron dos veces. La autorización para el primer pago se efectuó en el 2010 con fondos de la Superintendencia mientras el segundo fue firmado por Martínez Morales y fue desembolsado en el 2012 a través del Banco Gubernamental de Fomento.

Contratista efectuó pagos a acusados

A este esquema se añaden los pagos que hizo Danois Roman a algunos de los implicados. En el caso de Martínez Morales este recibió un cheque por $400 mientras su esposa recibió otros tres por la cantidad de $3,000. Ella alegó al DJ que recibió el dinero por la confección de pastelillos para actividades de Danois Román.

Por su parte Ramírez Sánchez recibió un cheque por $500 mientras Alberti Torres recibió uno por $150, el cual alegó era para la reparación de su vehículo.

De los acusados, Juan Acosta Ramírez fue quién recibió la mayor cantidad por el contratista. El informe detalla que recibió siete cheques por $7,890, los cuales alegó eran por servicios que prestó un familiar suyo a una de las empresas de Danois Román.

Acosta Ramírez es señalado en el informe por no cumplir con sus deberes y responsabilidades al no supervisar las órdenes de compra emitidas por sus subalternos. No obstante hace el mismo señalamiento contra el entonces Superintendente, Eliezer Velázquez Quiles, contra quien el DJ no encontró causa para acusarlo.

Para el próximo año el caso en su fondo

Las vistas de estatus de procedimiento del caso contra los seis coacusados se celebrarán el 27 de octubre, el 29 de noviembre y el 17 de enero del 2017, mientras que el juicio en su fondo comenzará el 6 de febrero y será presidido por la jueza Nerisvel Durán, según confirmó la portavoz del DJ, Gingger Correa.

Aunque las acusaciones del caso se produjeron en agosto del 2014, debido a problemas de calendario con los abogados de defensa el comienzo del juicio se atrasó hasta el próximo año. Las vistas se verán en el Tribunal de Primera Instancia de Hato Rey a partir de las 10:00 A.M.