Auditoría revela múltiples irregularidades fiscales en Salinas
El informe cubre el periodo del 1 de julio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2021.
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión adversa de las operaciones fiscales del Municipio de Salinas.
Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones relacionadas con la administración eficiente del sistema del personal municipal, los desembolsos para el recogido de escombros y la contratación de servicios profesionales, entre otros, no se realizaron en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
Este segundo y último informe de Salinas, cubre el periodo del 1 de julio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2021.
El informe revela que el municipio pagó $42 mil en licencias por enfermedad a nueve empleados del 2019 al 2022, en contravención a la Ordenanza 10 de 2018, que indica que los empleados que salen del gobierno, sólo tendrán derecho al pago de vacaciones. Esta situación se atribuye a que las directoras de Recursos Humanos se apartaron de su deber y de las disposiciones de la Ordenanza.
La auditoría de ocho hallazgos señala que 25 empleados ocuparon 18 puestos de carrera, uno de confianza y uno en la Policía Municipal, desde el 2028 al 2021, sin estar contemplados en los planes de clasificación y retribución. Estos empleados nombrados por el anterior alcalde, una exdirectora de Recursos Humanos y por la alcaldesa, recibieron $1.2 millones por concepto de sueldos, diferenciales, bonos navideños, bonos de regreso a clases y premium pay. Esta situación le impidió a la Legislatura Municipal aprobar la creación de puestos, que de ser nulos sus acciones y salarios serían ilegales.
Los auditores detectaron deficiencias con la acumulación de tiempo compensatorio y el registro de horas extras. De una muestra del pago de 23,946 horas extras por $334 mil del 2018 al 2021, se desembolsaron $6,512 por 435 horas extras a cuatro empleados y no se descontaron 116 horas extras a cinco empleados del balance de tiempo compensatorio. La entonces directora de Recursos Humanos desconocía los trámites administrativos sobre el registro de horas extras y acumulación de tiempo compensatorio, según dispone el Reglamento de Personal del Municipio y The Fair Labor Standards Act del 1938.
El Municipio de Salinas pagó $11,471 en exceso de lo contratado a una corporación de solicitud de reembolsos federales por pagos de tareas de data entry, y $1,120 en exceso por servicios on call no estipulado en el contrato con un médico del Programa de Servicios de Salud Accesible. Además, previo al registro de contratos y enmiendas en la OCPR, el municipio desembolsó $107 mil a contratistas en contravención de la reglamentación vigente.
El informe publica que el municipio no reportó al Departamento de Hacienda, pagos por $300 mil en las declaraciones informativas de dos contratistas del servicio de recogido de escombros. El Municipio de Salinas tampoco preparó las declaraciones informativas del pago a dos contratistas por $43 mil del año contributivo 2019. Esta situación fomenta la evasión contributiva y el municipio puede estar sujeto a penalidades por incumplir con las disposiciones de ley y reglamentación.
En la inspección física de la compra de 40 computadoras portátiles adquiridas por $44 mil con fondos CARES Act del COVID-19, no se localizó una de las laptops valorada en $1,099. Además, la coordinadora de compras ni el director de la Oficina de Manejo de Emergencias certificaron haber recibido la compra según solicitada. Este hecho, propicia el uso indebido de la propiedad.
En contravención del Código Municipal de 2020 y el Reglamento Municipal de 2016, la requisición para la compra de tres vehículos por $108 mil, especificaba la marca y modelos requeridos, y las nueve cotizaciones recibidas, no identificaba al empleado que solicitó, recibió y aceptó las cotizaciones. Por estas deficiencias, se limitó la competencia y se pudieron haber cometido irregularidades.
El presupuesto de Salinas fue de $10.2 millones en el 2019, $9.9 millones en el 2020, $9.7 millones en el 2021 y $9.7 en el 2022. Los estados financieros reflejaron superávits acumulados de $403 mil en el 2018, $1.5 millones en el 2019, $1.3 millones en el 2020 y $828 mil en el 2021.
El informe le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
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