La Oficina Regional Educativa de Mayagüez otorgó contratos de emergencia para servicios de transportación escolar.

El Departamento de Educación y la Oficina Regional Educativa de Mayagüez otorgaron más de $40 millones en contratos de emergencia para servicios de transportación escolar, sin llevar a cabo subastas formales, reveló una auditoría de la Oficina de la Contralora.

Este informe cubre el periodo del 1 de enero de 2018 hasta el 30 de junio de 2023.

Al respecto, Educación se argumentó como pretexto que, para los años escolares del 2020 al 2022, no contaba con un presupuesto definido debido a la Ley 3-2017, para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria. De hecho, la Oficina de Auditoría Interna del Departamento concluyó en el Audit Report 2019-01 de 2018, que el método de contratos de emergencia no constituía la forma correcta para controlar los costos de transporte escolar.

Según la contralora, esta situación fomenta la noción equivocada de que los contratos de emergencia sirven para obviar las cualificaciones que se exigen a los proveedores. Además, propicia que se beneficie a unos proveedores, y le impide a la Oficina Regional Educativa obtener otras ofertas competitivas. El informe le recomienda al secretario de Justicia que evalúe esta situación y que tome las medidas que correspondan.

La auditoría de cinco hallazgos señala que el 79% de los contratos otorgados para transporte escolar del 2019 al 2022, por $42 millones, se remitieron al registro de contratos de la OCPR hasta 16 meses después de otorgados. Los auditores identificaron también que, el 46% de los contratos por $23 millones, se remitieron a la OCPR hasta 16 meses después de su vencimiento.

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La reglamentación dispone que los contratos se presenten dentro de los 15 días, y que ningún servicio objeto del contrato podrá exigirse hasta que no se haya registrado en la Contraloría.

El examen realizado a las declaraciones informativas reveló que el Departamento de Educación no retuvo $513,531, equivalente al 10% de lo pagado a dos transportistas, y le retuvo menos de indicado a otros seis transportistas. Por estas situaciones el Departamento de Hacienda dejó de recibir contribuciones requeridas por ley, y el Departamento de Educación se expone a pagar penalidades.

El informe devela múltiples deficiencias por parte del supervisor de transportación escolar ya que no realizó monitoreos del servicio, ni análisis comparativos de los aumentos en los costos de transportación. Además, ninguno de los expedientes revisados de los transportistas como negocio y de los conductores, tenían todos los documentos necesarios para formalizar contratos.

De este modo, la Oficina Regional Educativa de Mayagüez, estuvo en riesgo de que los transportistas no cumplieran con los términos de los contratos. La ausencia de, por ejemplo, las pruebas de detección de sustancias controladas o los certificados de la Ley 300-1999 por parte de los de los conductores, puso en peligro la seguridad y la integridad física y emocional de los estudiantes. La ley 300 dispone que, para prevenir el maltrato o abuso físico o sexual, se verifique el historial delictivo de proveedores de niños y de personas con impedimentos, y de los profesionales de salud.

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La Oficina Regional Educativa de Mayagüez, presta servicios a 117 escuelas en 15 municipios. Al 30 de junio de 2023, la matrícula escolar en la región era de 37,433 estudiantes. El presupuesto de la Oficina Regional de 2018 al 2023, fue de $1,283 millones y realizó desembolsos por $157 millones.

La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada, que se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.