Contratos otorgados en el municipio de Aguada durante su anterior administración al exdirector de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), Héctor Rodríguez Echevarria, y a empresas relacionadas al actual contratista de la Superintendencia del Capitolio, Jorge O. Cajigas Acevedo, aparecen cuestionados en una auditoría que la Oficina de la Contralora emitió hoy.

El informe revela que el Municipio desembolsó 259,630 dólares por el diseño de los planos de la Puerta del Descubrimiento, la Plaza del Descubrimiento, la Fuente del Descubrimiento, el Centro del Descubrimiento, la Plaza del Pescador y la Plaza de Festivales, entre otras, que no tuvieron ninguna utilidad ya que los proyectos no se construyeron. Esta situación se debió a que el exalcalde, Jessie Cortés Ramos, no planificó ni tomo en cuenta la viabilidad de estos proyectos, ni el municipio contaba con los fondos para su desarrollo.

Las empresas que tuvieron los contratos fueron Design & Field PSC, del ingeniero Rodríguez Echevarria, y J. Cajigas & Associates Ingenieros y Consultores PSC, representada por Cajigas Acevedo.

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Rodríguez Echevarria renunció a su cargo el 12 de octubre de 2018 tras controversias que incluyeron que, a la vez que ocupaba su cargo público, mantenía activa la empresa iPermits Group PSC que ofrecía servicios de consultoría en los procesos de permisos para obras de construcción, entre otras tareas, y cuyo cúmulo de contratos con el Gobierno sobrepasa los $100,000. Aparte del contrato de Design con Aguada, iPermits también contrató con los municipios de Moca, San Sebastián y Aguadilla.

Cajigas Acevedo representa a varias empresas, siendo una de ellas Bethel Construction Group LLC, la cual obtuvo un contrato de $181,000 mediante subasta informal en la Superintendencia del Capitolio el 26 de junio de 2019. El Superintendente del Capitolio, y excandidato del Partido Nuevo Progresista a la alcaldía de Quebradillas, José Jeron Muñíz Lasalle es objeto de una investigación federal precisamente relacionada con la extensión de contratos.

La auditoría cubre del 1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2017. El Municipio de Aguada estableció en el 2013 varias medidas para atender la crisis fiscal tales como: la reducción del salario del alcalde, ayudantes y directores de unidades administrativas, así como la reducción de la jornada laboral a los empleados. En el 2015, dejaron sin efecto la reducción de jornada y restituyeron la jornada regular.

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La auditoría consigna que el actual alcalde de Aguada, Manuel Santiago Mendoza, afiliado al Partido Nuevo Progresista, pidió que los hallazgos fueran referidos para investigación al Departamento de Justicia y otras entidades.

Además, la auditoría de siete hallazgos señala que los alcaldes en funciones, no presentaron a la consideración de la legislatura municipal, dos acuerdos transaccionales antes de remitir las oferta al Tribunal. De este modo, una demanda por discrimen político se transó por 100,000 dólares y una demanda por violación de derecho civiles y constitucionales se transó mediante acuerdo privado con el Tribunal.

El municipio no presentó al Registro de Contratos de la Oficina del Contralor, cuatro contratos y 13 enmiendas que otorgó para los proyectos de Rio Grande Sport Complex y para la Plaza del Descubrimiento. Además, presentó los Informes Mensuales de Nóminas y Puestos a la Contraloría, hasta un año más tarde, fuera del término establecido por la ley y reglamentación vigente.

Los auditores hallaron que el municipio cedió dos propiedades a entidades sin fines de lucro sin la autorización de la Legislatura Municipal, y una de ellas la cedió de forma verbal sin que mediara un contrato escrito. Además, ni los directores de Finanzas en funciones, ni el oficial de propiedad, investigaron 87 accidentes que involucró 60 vehículos municipales del 2014 al 2017.

Contrario a la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos, el municipio no mantuvo un control para la repartición y distribución de 6,550 boletos con un valor de 47,512 dólares, para la entrada general de los juegos de baloncesto masculino y femenino del 2016 y 2017. Aguada había formalizado dos contratos con la Liga de Baloncesto Superior para el uso gratuito del Coliseo Ismael 'Chavalillo' Delgado a cambio de proveer boletos de cortesía al municipio.

Del 2014 al 2016, Aguada desembolsó 115,812 dólares a dos contratistas para las reparaciones de equipo pesado. La auditoría desveló al respecto que Aguada no tiene una reglamentación para la contratación de servicios de mecánica y reparación de equipos, y que esta situación no permite mantener procesos uniformes en la contratación de estos servicios.

La auditoría comenta que el municipio notificó una apropiación de 7,395 dólares en fondos públicos y falsificación de documentos por parte de un empleado municipal, al Departamento de Justicia, a la Oficina de Ética Gubernamental y al director ejecutivo del Centro de Recaudaciones de Impuestos Municipales (CRIM).

Al 30 de junio de 2017, estaban pendientes de resolución por los Tribunales, nueve demandas civiles por 9.1 millones de dólares. Además, el municipio no atendió la recomendación de los informes de auditoría M-13-19 de 2013 y el M-16-36 del 2016, de recobrar 68,618 dólares por distintos conceptos.

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