Cuando la Cámara de Representantes contrató al acusado federal Víctor Cruz Quintero, para la oficina del representante Pedro 'Pelle' Santiago Guzmán, sus malos pasos eran harto conocidos para quien hiciera algo tan rutinario y simple como leer los informes de auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR).

Aunque las acusaciones que radicó el Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en ingles) contra Cruz Quintero, exdirector de finanzas de Toa Baja, giran alrededor del mal uso de fondos de los programas federales de Head Start y del Departamento de Vivienda Federal (HUD por sus siglas en ingles), lo cierto es que su pobre desempeño está registrado en los informes de Contraloría.

Hasta el 30 de junio, tanto Cruz Quintero como su coacusado Ángel Santos García, terminaron sus roles como contratistas en la Cámara de Representantes y la Fortaleza, respectivamente, y fueron procesados por las autoridades federales para enfrentar cargos de malversación de fondos. A Santos García se le imputa desviar $650,000 en fondos federales entre agosto y septiembre del 2015, mientras que a Cruz Quintero se le acusa de malversar $1,756,701 entre septiembre del 2014 y febrero del 2016.

El pliego acusatorio indica que los fondos federales malversados originaron desde el Departamento de Salud Federal (HHS por sus siglas en ingles) y de HUD. Los mismos fueron utilizados para pagar la nómina de empleados municipales y a ciertos contratistas. Sin embargo, el propio Cruz Quintero fue quien primero alertó sobre esta decisión antes de abandonar su cargo.

En diciembre del 2016, Cruz Quintero protagonizó una neurálgica situación para la administración entrante de Bernardo 'Betito' Márquez en plena transición del gobierno municipal al irse de vacaciones sin autorizar los cheques de nómina para la última quincena del año ni el bono de Navidad. En ese momento, Cruz Quintero autorizó la liquidación de su licencia de vacaciones y el de otros dos empleados antes de salir fuera del país.

Ese mismo mes, las autoridades federales allanaron el Centro de Gobierno de Toa Baja y en ese momento Cruz Quintero admitió la utilización de fondos de los programas de HHS y HUD para pagar la nómina municipal ante la escasez de efectivo que plagó los últimos meses de la administración del alcalde Aníbal Vega Borges, y de su sucesor, Jorge Ortiz Matías.

Los informes de la OCPR no detallan los sucesos de este esquema pero ofrecen testamento sobre el pobre manejo de la Oficina de Finanzas toabajeña, la cual pasó por una decena de directores en los 10 años bajo la Administración Vega Borges. Los informes de la OCPR sobre Toa Baja corresponden a auditorías efectuadas hasta diciembre de 2014.

En este periodo, los informes de la OCPR no revelan irregularidades vinculadas directamente a las actuaciones de Santos García como director de finanzas, pero sí hablan sobre la ejecutoria de Cruz Quintero en ese cargo. En su caso, su estancia como director de finanzas se extiende desde el 16 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2014.

Cruz Quintero y el embargo del IRS a Toa Baja

Antes de que el Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en ingles) embargara todas las cuentas del municipio de Toa Baja en octubre del 2016, lo cierto es que ya esa agencia había efectuado embargos contra otras cuentas de la ciudad. Para finales del 2014, el municipio adeudaba al Servicio Federal de Rentas Internas (IRS por sus siglas en ingles) $3,027,754, obligación que originalmente era de $107,652, pero aumentó por intereses acumulados desde el 2010.

A esa deuda tambien se suman otras deudas a la Autoridad de Energía Electrica (AEE) y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Administración de Sistemas de Retiro (ASR), la Administración de Servicios Generales (ASG), el Departamento del Trabajo (DT) y el Departamento de Hacienda (DH). A esta última, la deuda ascendía a $5,058,726 por contribuciones de empleados retenidas y cargos adicionales por penalidades e intereses de $1,723,673.

El informe de la OCPR publicado en agosto del 2016 atribuyó la causa de este hallazgo al alcalde y los directores de finanzas por incurrir en acciones que atentaron la sana administración de las finanzas de un municipio. Además de Cruz Quintero, otras cinco personas fueron identificadas como directores de finanzas en ese periodo, incluyendo el hoy representante Pedro Julio Santiago Guzmán, quien ocupó el cargo por 43 días entre julio y agosto del 2012.

Por otro lado, varios informes del Contralor detallan la falta de uso del Sistema Uniforme de Contabilidad Mecanizado (SUCM) para registrar todas las acciones de contabilidad llevadas a cabo en el ayuntamiento. A modo de ejemplo, un informe de la OCPR publicado en septiembre del 2013 reveló que el municipio no utilizó el sistema para registrar $357,878 que correspondieron a ocho pagos emitidos a varios contratistas entre el 2009 y el 2010.

Cruz Quintero no fue ajeno a esa práctica. Según el informe de la OCPR publicado en agosto del 2016, entre el 2011 al 2016 los directores de finanzas no registraron en el Sistema $116,600 en pagos emitidos entre el 2011 y 2014 por servicios profesionales.

El representante Pedro Julio 'Pelle' Santiago. (Archivo / NotiCel)

El informe más reciente de la OCPR sobre Toa Baja, publicado el 15 de junio, tambien reportó el uso de computadoras en la Oficina de Finanzas, Oficina de Facilidades Municipales; y la Oficina de Compras y Suministros. Para el momento de la auditoría, en noviembre del 2014, encontraron 450 archivos de contenido político partidista y de índole personal, ocho archivos que corresponden a estimados y facturas de compañías para obras municipales que fueron creadas y alteradas por los usuarios de la computadora y enlaces correspondientes a páginas de pornografía. Durante ese periodo Cruz Quintero fungió como director de finanzas del municipio, donde encontraron ese material.

Pelle responde por la contratación de Cruz Quintero

El representante Santiago Guzmán reconoció su contratación a Cruz Quintero, pero señaló que desconocía que fuera foco de una investigación federal.

'Yo te voy a decir algo. Yo no sabía que a el lo estaban investigando. Si yo llego a saber eso el no estuviese aquí. Yo no sabía eso, si yo llego a saber eso, yo no voy a coger leña', dijo Santiago Guzmán a este medio, en voz baja.

Según explicó, su contratación a Cruz Quintero respondió a las vistas de presupuesto que se llevaron a cabo en los meses antes de la aprobación final de esa medida a finales de junio. Santiago Guzmán lo contrató por un plazo de tres meses para que le proveyera su insumo sobre las vistas que acontecían para la confección del presupuesto.

Santiago Guzmán conoció a Cruz Quintero cuando comenzó a ejercer funciones de administrador municipal y el era empleado transitorio en la Oficina de Finanzas. Su impresión de Cruz Quintero fue mayormente positiva.

Según indicó el legislador, nunca fue cuestionado por las autoridades federales en relación a la acusación, no obstante, lamentó la situación en la que se encuentra Cruz Quintero. 'Si se comprueba que la acusación que le están haciendo es cierta, nadie está exento de cumplir con la ley', sentenció Santiago Guzmán.