El viernes en la noche, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares solicitó a la Oficina del Contralor que realice una investigación y una auditoría sobre la contratación de la compañía Whitefish Energy Holdings LLC por parte de la Autoridad de Energía Electrica (AEE).

El pedido se dio luego de que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) enviara una misiva al Primer Ejecutivo en la cual determinó que el análisis del pacto debía ser completado por una agencia con mayor peritaje.

'[El informe] estableció, en síntesis, que aunque la AEE posee amplias facultades y flexibilidad para contratar durante un periodo de emergencia, la información recopilada durante el termino concedido no es suficiente para concluir si la contratación cumplió con todos los requisitos establecidos en la ley orgánica de la corporación y la reglamentación aplicable', comunicó Rosselló Nevares a la contralora Yesmín Valdivieso mediante una carta.La Oficina del Contralor de Puerto Rico está encargada de fiscalizar las transacciones de la propiedad y los fondos públicos, además de procurar el uso efectivo y eficiente de los recursos del Gobierno, a tenor con el Artículo III, Sección 22 de la Constitución de Puerto Rico y la Ley 9 del 24 de julio de 1952.

En la carta enviada por OGP, el director Jose Marrero Rosado aceptó que su oficina no cuenta con los recursos necesarios para completar la investigación.

'La Oficina de Gerencia y Presupuesto de Puerto Rico carece de los recursos necesarios para completar una auditoria de esta naturaleza. Por lo cual, respetuosamente recomendamos que, el presente asunto sea referido a la Oficina de la Contralora de Puerto Rico, Honorable Yesmin M. Valdivieso, toda vez que dicha Oficina cuenta con el peritaje, la experiencia y los recursos necesarios para efectuar el análisis exhaustivo que usted nos ha requerido', esboza la misiva.

Según el documento, OGP destinó las pasadas 48 horas para visitar las oficinas centrales de la AEE y examinar --de forma preliminar--una serie de materiales suministrados por la corporación pública.

Entre los anejos se encontró: el Acta de Resolución por Consentimiento de la Junta de Gobierno de la AEE del 17 de octubre de 2017; la Opinión Legal sobre primera enmienda a contrato de servicios con Whitefish Energy Holdings, LLC y ratificación de contratos otorgados bajo emergencia del huracán María; y un USB con las comunicaciones electrónicas relacionadas al contrato, entre otros.

El paquete de información evaluado por OGP tambien contenía una explicación sobre las normas y los niveles de aprobación de documentos en la AEE.

En esa línea, a la contralora le fue referido el informe rendido por OGP, así como la documentación pertinente.La indagación de la Oficina del Contralor se une a las investigaciones ordenadas a nivel federal.

A pesar de que se anticipó que Rosselló Nevares se expresaría en torno al informe de OGP durante la tarde del viernes, el Primer Mandatario confesó no haberlo leído aún debido al retraso en su viaje a Utuado con la delegación de congresistas estadounidenses que visitó la Isla.

Durante la mañana del viernes, la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en ingles), declaró que, basado en sus indagaciones iniciales, 'tienen preocupaciones significativas con cómo la AEE procuró este contrato y no ha confirmado si los costos del contrato son razonables'.

De la misma forma, la agencia federal advirtió que, de encontrarse alguna ilegalidad, la AEE y el Gobierno de Puerto Rico se arriesga a que FEMA no les reembolse los costos.

El contrato de Whitefish Energy --compañía con sede en Montana-- atrajo gran atención mediática debido a que el acuerdo dispuso el pago de $300,000 millones para restablecer el sistema electrico de la Isla. Sin embargo, llamó la atención el hecho de que el presidente de la empresa, Andy Techmanski, es vecino del secretario del Interior de los Estados Unidos, Ryan Zinke.