Una panadería municipal, una biblioteca electrónica, la reubicación de una casa alcaldía y la rehabilitación de un matadero son algunas de las obras más costosas pagadas con fondos públicos por los municipios y que nunca llegaron a utilizarse.

A partir de junio de este año, la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) ha identificado 29 municipios que han despilfarrado fondos públicos en obras sin utilidad. Entre las obras categorizadas dentro un informe emitido el año pasado por la OCPR, figura la construcción o rehabilitación de instalaciones municipales.

Un informe entregado por la OCPR a este medio desglosa los proyectos que más costosos fueron para el erario público hasta junio de este año. A continuación, algunos de esos proyectos.

1. Vega Baja - $574,998

En el 2011 la administración municipal del hoy convicto alcalde Edgar Santana Rivera otorgó un contrato de $499,998 para la instalación de 58,000 pies de cable de fibra óptica para usarse en un sistema de vigilancia digital en el casco urbano. El proyecto no se terminó, aunque se pagó la totalidad del contrato. Mientras que en el 2010 el municipio otorgó un contrato de $75,000 para rehabilitar la biblioteca municipal. La cuantía fue pagada, pero una inspección de la OCPR en el 2013 determinó que el proyecto estaba en deterioro y vandalizado.

2. Ciales - $950,263

En el 2005 el municipio encaminó un proyecto para remodelar el Antiguo Casino de esa ciudad para utilizarse como la nueva Casa Alcaldía. El entonces alcalde, Luis Maldonado Rodríguez, desembolsó la totalidad de los fondos para la construcción, pero en el 2012 la obra se paralizó por falta de fondos.

3. Villalba - $847,268

En el 2007 y el 2010 el entonces alcalde Waldemar Rivera Torres ordenó dos proyectos que no rindieron fruto alguno. Uno era la construcción de una Plaza de Mercado en el casco urbano por el cual otorgó un contrato de $492,780, y otro era la edificación de una panadería municipal por $354,488. En el 2014, una inspección de la OCPR encontró que la Plaza de Mercado no había sido utilizada y estaba cerrada, mientras que el proyecto de la panadería se canceló por la administración municipal.

4. Río Grande - $861,477

La adquisición de un edificio en el 2011 para desarrollar una biblioteca electrónica y relocalizar varias oficinas municipales salió al costo de $808,175. A eso se añade el pago de $53,302 para la remodelación de dicho edificio, Sin embargo, una inspección de la OCPR en el 2015 concluyó que el edificio estaba en deterioro y representaba un peligro de ser utilizado. En ese entonces, el hoy convicto Eduard Rivera Correa, fungió como alcalde del municipio.

5. Toa Baja - $680,413

Entre el 2012 y el 2013 el municipio desembolso los fondos para rehabilitar un antiguo Centro de Diagnóstico y Tratamiento para convertirlo en una escuela de bellas artes. Sin embargo, una inspección de la OCPR en el 2014 reveló que la escuela estaba abandonada, deteriorada y vandalizada. El municipio, a cargo del entonces alcalde Aníbal Vega Borges, no suministró un estimado de daños al Contralor, mientras que la compañía de seguro de propiedad de Toa Baja notificó al ayuntamiento que no reembolsarían por los daños.

6. Utuado - $378,654

Un proyecto para rehabilitar el matadero municipal inició en el 2012 para el cual la administración municipal, a cargo del entonces alcalde Alan González, había pagado $378,654. Sin embargo, una inspección de la OCPR realizada en el 2015 reveló que la propiedad estaba en abandono, deteriorada y vandalizada. Mientras que entre 2007 y 2010 se gastó $358,990 en la demolición y construcción de un centro de cuidado a envejecientes en el barrio Caguana. Una inspección en el 2015 determinó que el proyecto estaba abandonado y sin servicio eléctrico.

7. Ceiba - $212,478

En el 2012 el entonces alcalde, Pedro Colón Osorio, aprobó un contrato para rehabilitar una estructura en la entrada de la antigua base naval Roosevelt Roads para desarrollar un cuartel de la policía municipal. En el 2013 se desembolsó la totalidad de los fondos, pero ese mismo año la Autoridad de Puertos (AP) solicitó un cese inmediato del proyecto pues la propiedad donde estaba el edificio era de la agencia. Posteriormente la AP le arrendó el edificio a razón de un dólar al año por 10 años, pero una inspección realizada en el 2015 arrojó que la misma estaba desocupada y vandalizada.

8. Lajas - $174,900

Entre el 2011 y el 2012 el municipio pagó para construir un campo de bateo en la urbanización Jardines de Lajas. Una inspección de la OCPR en el 2013 y el 2016 concluyó que la obra estaba cerrada y no había sido utilizada, pues la administración municipal interesaba reubicar el proyecto al parque José Basora.

9. San Germán - $107,550

La compra de un edificio para transferirlo a la Junta de la Comunidad Sabana Eneas en Acción y convertirlo en una biblioteca se efectuó en el 2008, tras una tasación de la estructura el año anterior. En el 2014 una inspección de la OCPR reveló que el edificio no fue utilizado ni por la Junta de la Comunidad, ni por la administración municipal, y estaba abandonado y deteriorado.

Monumentos inútiles

1. Vega Baja - $1,122,000

En el 2010 el entonces alcaldeEdgar Santanaotorgó un contrato para adquirir 18 esculturas en bronce alusivas a temas marineros para el balneario Puerto Nuevo. Una inspección física de la OCPR en el 2013 reveló que las esculturas estaban deterioradas y abandonadas.

2. Gurabo - $99,000

En el 2005 el hoy exalcalde acusado de corrupción, Víctor Manuel Ortiz, comisionó la compra de cinco estructuras fundidas en bronce a ser colocadas en una plazoleta que faltaba por construir. La OCPR encontró en el 2010 que las mismas no se habían usado y se encontraban en la parte posterior de la casa alcaldía.

3. Santa Isabel – $11,815

En el 2013 la administración municipal pagó esta cantidad para la elaboración de dos placas y 38 letras en bronce fundido a ser instaladas en el Centro de Gobierno municipal y el parque de pelota José Chevell Guzmán. Una inspección en el 2014 reveló que las letras no se habían instalado y permanecían guardadas en la oficina del alcalde. El alcalde Enrique Questell no gestionó su instalación por entender que los recursos invertidos no tenían utilidad, a pesar de haber gestionado la compra.