El informe cubre el periodo del 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2022.

Una auditoría de las operaciones fiscales del Municipio de Maricao reveló múltiples irregularidades relacionadas con la adquisición de bienes y servicios, la contratación de servicios legales y pagos de deudas, que no se realizaron en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.

Este informe de Maricao cubre el periodo del 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2022.

El informe revela que el municipio no formalizó contratos escritos del 2018 al 2020, para alquilar equipo pesado y pintar una instalación municipal. Por estos servicios Maricao desembolsó $269,200 a la corporación A, que fue la que ganó la subasta del 27 de junio de 2019.

Para el año fiscal anterior, de 2018 al 2019, el municipio no había celebrado subasta pública para alquilar equipo pesado, por lo cual cada vez que rentaba el equipo, la corporación A le presentaba una cotización con la firma del entonces alcalde como constancia de su aprobación.

La auditoría, de nueve hallazgos, señala que el municipio no enmendó el contrato con la corporación A, antes de su vencimiento por lo cual pagó $250,220 en exceso. El contrato del 21 de diciembre de 2020 era de $30,000. El entonces director de Finanzas no llevaba un control de las facturas recibidas, por lo cual desconocía que el importe facturado era mayor al establecido en el contrato.

Los auditores de la Contraloría identificaron desembolsos por $137,062 sin cotizaciones. El entonces alcalde y el director de Finanzas no protegieron los intereses del Municipio al no llevar a cabo procesos de libre competencia requeridos por ley.

Esta y otras situaciones se refirieron a la consideración del secretario de Justicia para que tome las medidas correspondientes.

El informe publica múltiples deficiencias como: los pagos duplicados por $23,600 en el alquiler de equipo pesado, el pago de $4,533 con el presupuesto del año posterior a la deuda, y no se obligaron los créditos para el pago de tres contratos por $91,108 del 2018 al 2021. Estas situaciones impiden mantener un control de las asignaciones presupuestarias y, puede incurrir en sobregiros y litigios innecesarios.

Los pagos de deudas al Seguro Social Federal y al seguro por desempleo, no se realizaron a tiempo ni de forma correcta. Por concepto de penalidades e intereses, el municipio pagó $261,065 al Internal Revenue Services (IRS) entre el 2017 al 2022, debido a las tardanzas en las remesas del seguro social. De hecho, el IRS embargó $159,886 en la cuenta bancaria de fondos FEME-Huracán María en el 2022. Además, Maricao debe $2,060,283 al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, a la Administración de Servicios Generales y al Instituto de Cultura Puertorriqueña.

El municipio pagó $28,244 a una persona que dio información falsa para ocupar el puesto de auditora interna y no cumplía con los requisitos del puesto. Ella indicó que tenía un bachillerato en administración de oficina y maestría en contabilidad de la Pontificia Universidad Católica (PUCPR) en Mayagüez. En realidad, tenía un bachillerato de la Universidad Adventista de las Antillas, 20 créditos en contabilidad de la PUCPR y no tenía la experiencia requerida. Ante la evaluación de los auditores de la Contraloría, los funcionarios advirtieron que no cumplía con los requisitos.

Esta situación pudo configurar el delito de usurpación de empleo además de violaciones a la Ley de la Oficina de Ética Gubernamental.

Los auditores hallaron declaraciones informativas sin preparar de cuatro proveedores por $391,080, y no realizaron las retenciones de contribuciones de $13,026 por servicios prestados. Esta situación se refirió a la atención del secretario de Hacienda el 6 de marzo de 2023 para que tome las medidas que estime necesarias.

El informe devela numerosas deficiencias en las operaciones de preintervención y procesamiento de desembolsos como: documentos sin la firma del oficial pagador, sin la certificación del empleado que recibió los bienes, o sin las facturas de los proveedores. Estas situaciones restan confiabilidad en los procesos y dificulta la labor de verificación de los auditores.

La auditoría desvela que el Municipio de Maricao donó dos excavadoras al Municipio de Lares el 25 de enero de 2023 sin la aprobación de la Legislatura. Al 28 de marzo de 2023, el encargado de la propiedad no la había dado de baja del inventario. Esta falta de control propicia el uso indebido o pérdida del equipo pesado municipal.

Al 13 de febrero de 2023, el municipio no había actualizado el Reglamento de Compras del 2007, ni el Reglamento de Subastas del 2010, con el Código Municipal de 2020. Además, el Reglamento para el Uso, Custodia y Mantenimiento de los Vehículos Oficiales de 2007, no incluía disposiciones para que las reparaciones se realizaran en talleres privados. De hecho, al 21 de diciembre de 2020 el municipio había pagado $137,179 a una corporación privada por estos servicios.

El Informe comenta la multa por $35,000 que la Oficina de Ética Gubernamental (OEGPR) le impuso en el 2016 al exalcalde por darle un nombramiento a su hermano el 1 de enero de 2014. En el 2018, el Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente concluyó que los actos del exalcalde mostraron una conducta manifiesta de abandono y negligencia, lesiva a los mejores intereses en el desempeño de sus funciones. A tales efectos, se le suspendió del cargo por 30 días, cumplidos el 30 de mayo de 2018.

El 25 de abril de 2023, la Oficina de Ética Gubernamental presentó una querella contra el alcalde actual por no inhibirse en el aumento de sueldo de su cuñada y sin la autorización de la OEGPR. El alcalde aceptó los hechos, y el pago de una multa de $1,000.

Por otro lado, el Instituto de Cultura Puertorriqueña le impuso en el 2016 una multa de $120,000 al municipio por demoler dos propiedades históricas en el centro urbano tradicional sin los permisos requeridos. Al 13 de septiembre de 2023, el municipio no había pagado las multas.

El presupuesto del municipio fue de $5,231,770, $4,941,559, $4,992,260, $4,992,260 y $4,544,356 para los años fiscales del 2018 al 2022, respectivamente. Los estados financieros reflejaron déficits acumulados en el Fondo General de $5,687,440, $6,259,866 y $5,824,275, del 2020 al 2022 respectivamente.

La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio de Maricao cumpla con el Plan de Acción Correctiva de la OCPR.