El informe cubre el periodo del 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2021

Una auditoría de la Contralora de Puerto Rico reveló irregularidades en las operaciones fiscales del municipio de Peñuelas en el periodo entre 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2021, se informó hoy.

El informe revela que el alcalde y la Legislatura aprobaron tres órdenes ejecutivas y cinco resoluciones, para autorizar 211 transferencias de crédito por $6,055,298, sin contar con las certificaciones de sobrantes requeridos. De éstas, unas nueve resoluciones por $159,979, tuvieron el efecto de rebajar partidas estatutarias. Esta situación pudo limitar la capacidad de cumplir con los compromisos presupuestarios y propicia la falta de control de los balances entre partidas.

La auditoría de cuatro hallazgos señala, que la coordinadora del Programa de Vivienda Sección 8, no realizó gestiones de cobro ni dio seguimiento a los participantes para que cumplieran con los acuerdos de pago. De la muestra examinada de 10 de los 158 participantes, el 50% tenía acuerdos de planes de pago por $21,933. Esta situación, contraria al Housing Choice Voucher Program Guidebook y al Plan Administrativo aprobado en el 2012 propicia que los fondos adeudados se conviertan en incobrables, dice el informe.

El Municipio, mediante resolución en el 2017, adoptó como política pública, el pago a los contratistas por depósito directo. Sin embargo, al 30 de junio de 2021, no contaba con una reglamentación al respecto. Del 2019 al 2021, el Municipio había realizado 7,432 pagos por $9,564,680 mediante transferencia electrónica.

Los auditores identificaron que, al 7 de abril de 2021, no se habían formulado normas ni procedimientos escritos para la conservación de documentos del Municipio. Además, el archivo de documentos públicos presentaba filtraciones en las paredes del primer y segundo piso, y el certificado del ascensor y otros equipos relacionados estaban expirados desde el 2019. Situaciones similares se habían comentado en el Informe de Auditoría M-20-14 del 8 de noviembre de 2019, afirmó la Contralora.

La auditoría comenta que el contador público autorizado no emitió opinión (disclaimer of opinion) en los estados financieros de 2019 y 2020 sobre las operaciones gubernamentales. El no emitir opinión significa que el contador carece de evidencia competente, suficiente y relevante para emitir la opinión. Esto se explica porque el Municipio no mantuvo registros contables completos, actualizados y confiables, y no registró los recursos y las obligaciones diferidas relacionadas con las pensiones.

Al 30 de junio de 2021, estaban pendientes de resolución por el Tribunal, dos demandas civiles por $4,135,680, y otra demanda por la imposición de patentes municipales sin cuantía. Además, el Municipio no ha atendido la recomendación de recobro por $27,573, indicado en el Informe de Auditoría M-17-29 del 2017.

Puede leer el informe completo aquí: