Un informe de la Contralora revela múltiples fallas bajo el exalcalde Carlos Molina

Un informe de auditoría de la Contralora reveló que dos funcionarios del municipio de Arecibo ofrecieron información falsa sobre su preparación académica ante la Comisión de Nombramientos y Recursos Humanos que evalúa los nombramientos para la consideración de la Legislatura Municipal.

El informe cubre el periodo del 1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2018, bajo la administración del exalcalde Carlos Molina.

El funcionario designado al puesto de confianza de director de Relaciones con la Comunidad y Prensa, indicó que tenía un grado asociado en comunicaciones de la Universidad del Sagrado Corazón; pero la evidencia hallada reflejó que sólo había aprobado 6 créditos universitarios.

Otro funcionario nombrado a dirigir la Oficina de Turismo le indicó a la Comisión que tenía un bachillerato en administración con concentración en contabilidad y a nuestros auditores le dijo que tenía 32 créditos universitarios; pero la evidencia hallada reflejó que sólo había completado sus estudios generales de escuela superior.

Estas situaciones se remitieron el 23 de julio de 2020, a la entonces secretaria interina de Justicia para que tomara las acciones administrativas o judiciales pertinentes. Además, se recomienda al director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, que tome las medidas que considere apropiadas.

La auditoría de nueve hallazgos señala también que la directora interina de Rentas Públicas, la auditora interna, y el director del Departamento de Obras Públicas Municipal nombrados en el 2015 por el entonces alcalde y aprobados por la Legislatura, no cumplían con los requisitos mínimos de preparación y/o experiencia para el puesto. Además, se reclutó una empleada para ocupar los puestos de coordinadora de IVU municipal y de subdirectora de Vivienda Municipal, inexistentes en el Plan de Clasificación de 1987.

La Legislatura y el entonces alcalde aprobaron del 2015 al 2018, nueve puestos de confianza y dos de carrera cuyas ordenanzas carecían de información específica al puesto. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-17-35 del 3 de mayo de 2017.

Los auditores de la Contraloría hallaron que el principal y único oficial de una corporación contratada del 2015 al 2018, para prestar servicios de refrigeración, tenía su licencia vencida desde el 2008 y tres de sus empleados que firmaron 46 hojas de servicio, no tenían licencia. Esta situación se remitió a los presidentes del Colegio y Junta Examinadora de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado de Puerto Rico, y a la secretaria de Justicia el 13 de diciembre de 2019 para que tomaran las acciones que estimen pertinentes.

Contrario a la ley y reglamentación vigente, el director de Finanzas no obligó los créditos presupuestarios necesarios para pagar 12 contratos por $759,805, sino hasta un año después de otorgar los mismos. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-18-07 de 2017. Además, estos contratos no se remitieron a la Oficina del Contralor dentro de los 15 días siguientes a su otorgación sino hasta once meses después.

La auditoría devela múltiples deficiencias como el hecho de que no se encontró evidencia de haberse preparado los comprobantes de desembolso de 34 cheques por $248,704, ni su registro en el Sistema de Contabilidad Monet, comprobantes sin la firma del exalcalde o su representante autorizado, ausencia de facturas en los comprobantes y otras.

Además, al 31 de enero de 2019, se habían registrado atrasos de hasta dos años y medio en la preparación de las conciliaciones de las cuentas bancarias de Nómina y cuentas especiales. Estas situaciones propician la comisión de irregularidades con los fondos del Municipio y dificulta que se puedan detectar a tiempo para fijar responsabilidades.

El informe menciona la falta de fiscalización por parte de la Unidad de Auditoría Interna ya que no efectuó auditorías que incluyera las áreas de materialidad y riesgo en el funcionamiento del sistema de contabilidad, en las subastas, en las obras permanentes o en los servicios profesionales.

Además, la Comisión de Auditoría, Ética y Asuntos Internos de la Legislatura, estaba inoperante y la última reunión se celebró en el 2014. Estas situaciones impiden mantener una fiscalización continua y eficaz de las finanzas y operaciones del municipio.

En Arecibo no se efectuaron los inventarios de propiedad mueble requeridos para el periodo auditado. El último inventario corresponde al 2011. El municipio tampoco investigó los 25 accidentes en los cuales estuvieron involucrados 22 vehículos ni notificaron estas situaciones a la Oficina del Contralor según requiere la legislación vigente.

De hecho, el entonces alcalde no remitió del 2016 al 2018, la Certificación Anual de Notificación de Pérdidas e Irregularidades en el Manejo de los Fondos y de los Bienes Públicos, a la Oficina del Contralor según dispone el Reglamento 41. El municipio tampoco remitió del 2014 al 2018, el Informe Anual sobre el Estado de las Privatizaciones, a la Oficina del Contralor según dispone la Ley 136-2003.

El municipio tiene vigentes contratos para la administración del vertedero, arrendamiento de los estacionamientos Rubén Otero Bosco y el Terminal Norte.

La auditoría devela la ausencia de reglamentación y procedimientos en las operaciones de la Finca Capó, la Villa de la Central los Caños, el Caño Tiburones Guest House y el Gimnasio Municipal. Esta situación impide mantener un control adecuado y puede propiciar el uso indebido de fondos públicos. Estas empresas habían generado $433,547 para el periodo auditado.

El informe comenta que 32 de los 38 empleados transitorios, permanecen así clasificados a pesar de haber transcurridos hasta cinco años en exceso de los 12 meses que dispone la ley.

El informe de auditoría también recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor de Puerto Rico.