Un informe de la Contralora recomienda al Colegio de Ingenieros y Junta Examinadora a tomar medidas

Una auditoría de la Contralora reveló que el director de la Oficina de Gerencia de Proyectos e Ingeniería del municipio de Vega Baja -un ingeniero licenciado- no realizaba inspecciones periódicas de los proyectos de construcción y reparación de estructuras.

Para el periodo auditado, el municipio otorgó 99 contratos por $3,982,461. En su lugar, el ingeniero delegaba las visitas de inspección a dos funcionarias (monitoras de proyectos) de la oficina.

Esta situación pudo resultar perjudicial a la calidad de los servicios recibidos y ocasionó que personas no autorizadas a ejercer la profesión de ingeniero prestaran servicios. El informe recomienda a los presidentes de la Junta Examinadora y del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, a considerar las situaciones indicadas y a tomar las medidas correspondientes.

La auditoría de tres hallazgos señala que la subasta para la remodelación de la Escuela de Bellas Artes y Biblioteca Electrónica, se adjudicó sin contar con los fondos suficientes para obligar el crédito presupuestario para efectuar los pagos al contratista.

Además, los directores de Gerencia, Administración y Presupuesto no obligaron los créditos necesarios para el pago de seis contratos y 11 enmiendas por $4,279,407, sino hasta cinco meses después de otorgados. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-16-03 del 13 de julio de 2015.

Contrario a las leyes y reglamentación vigente, en el municipio no existían normas ni procedimientos escritos para el recibo, conservación y disposición de los documentos. Además, los auditores hallaron que, en las áreas designadas para archivar los documentos públicos activos, había filtraciones de agua, no tenían puertas, ni contaban con ventilación ni energía eléctrica, entre otras deficiencias.

El informe de auditoría recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

El informe cubre el periodo del 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2020.

Puede leer el informe aquí: