Inversiones millonarias de Cabo Rojo sin autorización de su Legislatura (documento)
De diciembre de 2009 a noviembre de 2014, el municipio de Cabo Rojo mantuvo inversiones entre $5.8 a $9.6 millones en una institución bancaria sin la autorización de su Asamblea Legislativa. Tampoco remitió para la aprobación de la Legislatura una línea de credito bancaria por $809,948, para la cual utilizó como colateral las mencionadas inversiones.
Así lo reflejó una auditoría de la Oficina del Contralor sobre el manejo y control del presupuesto operacional, la contratación de servicios profesionales, y la construcción de obras y mejoras permanentes del municipio.
El Informe revela que el ayuntamiento utilizó los fondos que la Asamblea Legislativa asignó mediante resoluciones conjuntas (barril y barrilito) para comprar inversiones en un banco y adquirir terrenos para construir.
Además, el municipio contrató servicios de ingeniería a una corporación que no estaba constituida como una corporación profesional como dispone la Ley 173 del 12 de agosto de 1988. También, contrario a la Ley 319 del 15 de mayo de 1938, tres personas que no estaban registrados como ingenieros o agrimensores del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, inspeccionaron y certificaron 35 proyectos en Cabo Rojo.
La auditoría de cuatro hallazgos señala que de junio de 2013 a julio de 2015, el Municipio formalizó cuatro contratos por $391,825 con un contratista sin obtener cotizaciones de al menos tres proveedores. Además, los auditores de Contraloría identificaron que para seis obras por $389,411 se consideraron 44 cotizaciones de siete compañías, de las cuales siete de ellas resultaron ser falsas.
El informe también comenta el caso de la destitución del encargado del Cementerio Las Delicias en enero de 2014 tras determinarse en una auditoría interna que vendió una fosa a una persona particular y expidió una certificación oficial. Nuestros auditores investigaron otra querella que se recibió en julio de 2014 y determinaron que el encargado intervino en la venta de tres fosas por $1,000, $600 y $1,500, expidió certificaciones para cada una de ellas y solicitaba a los compradores el pago en efectivo. Los funcionarios municipales no refirieron este caso ni a la Oficina de Ética Gubernamental ni al Departamento de Justicia ni a la Oficina del Contralor.
El informe cubre el periodo del 1 de julio de 2011 al 30 de junio de 2015.