Aunque aún no cuenta con una decisión final y firme, la Legislatura Municipal de San Juan se inclina por crear un permiso de uso para los alquileres a corto plazo, como los ofrecidos en la plataforma Airbnb, en el casco urbano de la ciudad.

El interes de reglamentación surge tras la evaluación de una ordenanza sometida por la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto, quien argumentó públicamente que los Airbnb debían pagar un impuesto municipal adicional al entregado al Gobierno.

En mayo del año en curso, la ejecutiva municipal propuso una moratoria de un año en el otorgamiento de permisos para el arrendamiento a corto plazo --o sea, por un período menor de 90 días-- de residencias en el Viejo San Juan, ya sea en su uso parcial o total.

Cuatro meses despues de presentado el Proyecto de Ordenanza, y luego de un proceso de vistas públicas, la Legislatura Municipal trabaja sobre un borrador de reglamentación que descarta la idea de la moratoria. Además, busca facilitar la existencia de estos alquileres, a toda vez que evita el uso de un arrendamiento a corto plazo como subterfugio a los preceptos de otro tipo de operaciones, como hoteles y moteles.

'Hay unos Airbnb's donde la persona alquila un cuarto de su casa o de su apartamento, hay Airbnb's donde la persona tiene un apartamento, lo que aquí hay que hacer es distinguir genuinamente entre una persona que pone una propiedad en alquiler a tiempo corto y la persona que quiere montar un hotel sin cumplir con las reglamentaciones de hotel. Son situaciones distintas. Tambien hay que ver las diferencias entre un Airbnb y un motel, para evitar que hayan Airbnb's por horas', explicó el presidente de ese cuerpo legislativo, Marco Rigau Jimenez.

Airbnb es uno de los portales más populares que permite el arrendamiento a corto plazo, pues tambien existen las páginas Home Away y Join a Join.

El borrador supone armonizar las posturas presentadas en las vistas públicas, que recogió los reclamos principales de proteger el carácter residencial de la ciudad amurallada y evitar perjuicios a su actividad económica y turismo.

En su conversación con NotiCel, Rigau Jimenez enfatizó en el carácter provisional del documento bajo evaluación y recalcó en la existencia de reglamentación en otras ciudades a nivel global, como en Estados Unidos y Europa, a diferencia de Puerto Rico en donde han operado 'de manera silvestre'.

'Lo que nosotros estamos tratando de hacer, y tenemos un borrador, es que en lugar de aprobar o presentar una moratoria, es crear una reglamentación como se ha hecho en prácticamente todas las ciudades civilizadas del planeta donde se cree un permiso de Airbnb. La persona que quiera operar un Airbnb va a la oficina de permisos y presenta un permiso de Airbnb y cumple con unos requisitos', aseguró Rigau Jimenez, quien representa al Partido Popular Democrático (PPD).

Nueva Orleans, por ejemplo, requiere que todos los anfitriones obtengan una licencia para mercadear su espacio en plataformas como Airbnb. En mayo, su legislatura municipal impuso una prohibición temporal en la otorgación de nuevas licencias para arrendamientos a corto plazo.

De acuerdo a quienes favorecieron la movida, la proliferación de este tipo de alquileres ha dado paso al encarecimiento de la vivienda y ha desplazado a los residentes del centro histórico.

La regulación es similar en la ciudad de Cambridge, en Boston, donde no se permite la renta de más de cuatro cuartos en una vivienda.

Según estadísticas compiladas por AirDNA, empresa independiente que recolecta y analiza datos de los listados de Airbnb, la ciudad capital registró un crecimiento anual de un 43% en las rentas a corto plazo disponibles entre el período de octubre de 2014 hasta abril de 2018.