Resulta desconcertante, tras una decada perdida en un trote acelerado hacia el desbarrancadero económico, y otra que se avecina según las proyecciones gubernamentales, que todavía ansiemos la llegada de 'el plan' que nos va a sacar del lodazal. La terrible situación que enfrenta el país ha alimentado la sed de propuestas abarcadoras y soluciones repentinas. Al mismo tiempo, la incertidumbre nos ha tornado inmunes a la decepción y miopes en cuanto a exigencias cívicas, pues el cementerio de planes gubernamentales está abarrotado pero se le sigue implorando al estado que confeccione y presente un mapa de ruta que asegure el exito. En esta encrucijada, un plan o instrumento que provea detalles sobre cómo sobreponer la crisis y mejorar el bienestar de la mayoría es necesario pero insuficiente. Más que producir buenos planes, necesitamos encaminar mejores procesos de desarrollo.

Como nos explica el profesor Leonardo Santana Rabell en su análisis crítico sobre el ejercicio de la planificación en Puerto Rico, nuestro antojo por los planes tiene raíces coloniales profundas. En los años treinta, la administración norteamericana estableció la Puerto Rican Emergency Relief Adminstration (PRERA) y luego la Puerto Rican Reconstruction Administration (PRRA), siguiendo las recomendaciones del Plan Chardón, para poner en marcha un programa de trabajo que atendiese los efectos de una grave crisis socioeconómica mediante la extensión de políticas 'novotratistas' al terruño. Estos esfuerzos, aunque parciales, sirvieron de zapata y campo de entrenamiento para la creación, en los años cuarenta, de la Junta de Planificación, entidad que se pensó como un centro de comando nacional para 'guiar el desarrollo de Puerto Rico de modo coordinado, adecuado y económico' a través de una serie de planes y programas financieros. No obstante, el olimpo tecnocrático y científico que delineó Rexford G. Tugwell—veterano planificador y último gobernador estadounidense de la isla—no se consumó, gracias, en gran parte, a las veleidades del partidismo legislativo y la presión ejercida por diversos intereses económicos.

Desde entonces, la Junta de Planificación ha preparado ambiciosos planes de desarrollo, que según su ley orgánica, se supone que sirvan de guías para ordenar el país. A pesar de sus contribuciones técnicas y analíticas, usualmente terminan siendo ignorados y archivados en algún rincón oscuro —especialmente si su contenido no encaja con la doctrina partidista del momento—. De esta patética experiencia se desprende una lección valiosa: las estrategias, planes y proyectos de desarrollo no son herramientas apolíticas, todo lo contrario. Por más que se promuevan como soluciones técnicas, calculadas y científicas, las maniobras desarrollistas son el producto de fuerzas históricas y políticas.

Interesantemente, el desdén hacia los esfuerzos de la Junta de Planificación no ha amainado el afán por los planes con el paso del tiempo. Producir y promulgar al menos uno se ha convertido en un rito de nuestra burocracia; y no son pocas las firmas y consultores, foráneos y locales, que prestan sus servicios y cobran grandes sumas para cumplir con el simulacro que consiste, en gran medida, en recalentar ideas y plasmarlas en diapositivas coloridas. Ciertamente, no todo es bagazo. Pero raras veces se pasa del texto a la discusión, a la gestión, a la revisión crítica o a la evaluación. Al parecer, armar un plan se ha convertido en un fin en sí mismo pues la coartada por excelencia del administrador gubernamental arrinconado por el escrutinio público suele ser la lapidaria frase 'tenemos un plan'.

Rebasar el fetichismo con 'los planes' requiere repensar y proveer alternativas sobre cómo se conciben las propuestas y oportunidades de desarrollo. De entrada, esto requiere entender el desarrollo como un proceso, no un destino o desenlace económico que se manifiesta cuando ciertos indicadores estándar apuntan en la dirección correcta.

Varios estudiosos argumentan que el enfoque procesal nos permite tomar nota de los giros y vueltas, los cambios en las dinámicas de poder, las consecuencias no intencionadas y las oportunidades de aprendizaje que surgen a medida que las ideas de desarrollo se convierten en proyectos y políticas realmente existentes. Además, esta perspectiva nos ayuda a conceptualizar los proyectos de desarrollo como esfuerzos dinámicos que pueden trascender intenciones y planes originales.

La agenda de trabajo de la Comisión de Crecimiento para Puerto Rico del Centro para una Nueva Economía apunta hacia esta dirección. Más que producir otro plan o una colección de estudios, nos interesa encaminar un ejercicio alterno para proponer y ensayar estrategias de desarrollo socioeconómico. Aprovechando el peritaje de expertos locales y de otras latitudes, con diversas perspectivas disciplinarias e ideológicas, nos enfocaremos en realizar análisis, diseñar políticas y, en algunos casos, llevar a cabo proyectos de demostración con entidades estatales, ONGs, el sector privado y académicos. Uno de los objetivos principales es generar ciclos de aprendizaje y que muchas de las lecciones acumuladas se institucionalicen.

También nos interesa fomentar que diversos grupos participen para identificar las soluciones. De nada vale esperar resultados distintos si las mesas de trabajo están pobladas por los mismos de siempre. Sin lugar a dudas, la apertura se traduce en mayor complejidad; de eso se trata. Tradicionalmente, el diseño de políticas y la toma de decisiones sobre el desarrollo económico se han realizado a puertas cerradas, lo que ha permitido que ciertos intereses empresariales y partidistas logren beneficios hechos a la medida, y que cada nueva administración imponga su propio libreto. Bajo este tipo de arreglo, el chanchullo prolifera, pues escasean el monitoreo y la rendición de cuentas. Así pues, la inclusión sirve para fomentar el debate, también para arrojarle luz a un ejercicio tradicionalmente opaco y asegurar que lo acordado se cumpla.

No somos ilusos. Sabemos que para generar oportunidades de desarrollo se necesitan estrategias multifacéticas, duraderas y bien financiadas —preferiblemente lideradas y apoyadas por el estado—. En Puerto Rico, la depresión económica, el entuerto de la deuda y las directrices impuestas por la limitan aún más la poca capacidad que posee el gobierno para atender estos temas. Lejos de relevar al estado, queremos que la Comisión de Crecimiento del CNE encamine acuerdos generales sobre lo posible y deseable, que ayude a mejorar la calidad de las discusiones sobre políticas de desarrollo y que ayude a mejorar el desempeño del sector público. En fin, queremos facilitar un proceso que nos ayude a repensar el desarrollo para generar nuevas posibilidades.

*El autor es director de Investigación del Centro para una Nueva Economía. Tomado del blog del CNE. Twitter: @deepakln