Han producido una buena idea en la Legislatura, casi dos ideas, sorprendiendo incluso a los más escepticos: prometen estudiar, discutir y votar por una multa a quienes conduzcan en las autopistas del país por debajo del límite establecido, y oremos porque ya no exista el castigo en la ley actual. Eso no es todo. En tren de demostrar que ser legislador no es ningún mamey, legislarán para aumentar la pena de cárcel a los robaplátanos, que es un delito, claro, pero que cometen los desposeídos del fondo del caño.

Según el trascendido, se tolerará hasta diez millas por debajo del límite de velocidad en las autopistas. Más de eso, multa. Y está muy bien, en serio que la propuesta es buena. Quien no tiene a diario una experiencia con este morón que circula a 20 0 30 millas por hora, para colmo por el último carril hacia la izquierda, que es el reservado para la mayor velocidad permitida que es entre 55 y 65 millas por hora, según el tramo de autopista?

Y ese es otro detalle, el carril de la izquierda, el último tomando desde el paseo hacia la valla que divide los expresos en sus dos direcciones: la mayoria absoluta de los conductores aquí ignora esa regla universal que indica ese carril como el habilitado para mayor velocidad, quedando los carriles centrales y el paralelo al paseo para transitar en velocidad más reducida. Pero bueno, tampoco nos pongamos tan exigentes.

Así que la idea de multar a los que circulen por debajo del límite, convirtiéndose en obstáculos públicos para el resto de los conductores y hasta causando acccidentes, es bienvenida, aunque uno tiene la sospecha que morirá sin pena ni gloria cuando se lleve a la práctica.

Fracasará porqué no hay instalado un sistema de cámaras computarizadas (en Palmas del Mar pusieron uno para controlar la velocidad en sus calles internas) que mida la velocidad en todas las autopistas, grabe la tablilla del infractor, se registre la falta en la computadora y se envíe la multa por correo, como en EEUU o Europa. Pero supongamos que se instale el sistema en un año...

El sistema funciona de maravillas, registra las faltas, chequea a nombre de quien está la tablilla, verifica la dirección y sale la multa por correo. Ahí empieza el segundo acto de la comedia: el multado vive en otro lado y no dio cambio de domicilio en los últimos cinco años; vive allí, pero el carro está a nombre de un primo que se mudó a Indiana; vendió el carro, pero el comprador nunca lo pasó a su nombre y además, se lo robaron; el carro está a su nombre, pero no renueva la licencia desde hace cuatro años, y nada de eso aparece en el resto del sistema, así que la multa se la van a cobrar el día que las palmas echen plátanos y el que los robe, irá a la cárcel con más castigo que el actual.

Porque esa es la otra propuesta, aumentar las penas a los robaplátanos. Esa gente que sobrevive en el sótano del nivel socioeconómico más bajo y que roba en la agricultura para vender los productos en las carreteras, probablemente para comer.

A uno de ellos, un deambulante, el dueño de una finca en Yabucoa le envió dos adictos, días atrás, a darle un escarmiento. A los tecatos se les fue la mano y lo torturaron hasta matarlo. Tres desposeídos envueltos en una trama trágica, grotesca, como si no fuera suficiente el pozo profundo en el que tenían sumergidas sus propias vidas.

Pues si todo va bien en la Legislatura, aumentarán las penas por estos robos, delito al fin.

Así que el barón Robin Longstride o Robin de Loxsley, aquel inglés del medioevo al que la leyenda llamó Robin Hood, que robaba a los ricos para darle a los pobres, no tendría la menor posibilidad de vivir aqui y ahora.